Resolución 398/2003

• Fecha de disposición: 27 Octubre 2003
• Fecha de publicación: 27 Octubre 2003
• Sección: Resoluciones
• Número de Gaceta: 30263

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos PROGRAMA NACIONAL ANTI-IMPUNIDAD Resolución 398/2003 Créase el mencionado Programa, orientado a canalizar los reclamos de justicia de la sociedad, mitigar y encausar los efectos de la violencia que la Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

PROGRAMA NACIONAL ANTI-IMPUNIDAD

Resolución 398/2003

Créase el mencionado Programa, orientado a canalizar los reclamos de justicia de la sociedad, mitigar y encausar los efectos de la violencia que la inseguridad le haya generado y tutelar sus derechos esenciales.

Bs. As., 21/10/2003

VISTO el expediente N° 139.949/03 del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de la competencia propia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se encuentra aquella relacionada con los planes, programas y políticas relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos.

Que también se encuentra identificada su actuación con el objeto de elaborar y proponer las medidas tendientes a implementar las acciones necesarias para afianzar la Justicia Argentina.

Que el objetivo invocado en nuestro Preámbulo tiene un doble sentido marcado en primer término realizar el valor Justicia y, por otro, tutelar una recta administración de ésta, todo lo cual contribuye a la unión nacional a través de la paz interior, la defensa común y el bienestar general allí enunciados.

Que la comunidad internacional ha reconocido como uno de los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana el de ser oída públicamente, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil o de cualquier otra naturaleza.

Que en ese marco resulta imperioso llevar adelante toda acción que consolide y proteja un régimen de libertad y justicia, fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre.

Que no puede desoírse el incesante reclamo de la sociedad ante el desamparo que experimenta en su acceso a la Justicia en aras de la defensa de sus derechos esenciales, que provoca un aumento de la sensación de abandono abandono por parte de las Instituciones que están llamadas a escucharla y, de corresponder, a ampararla.

Que tampoco puede desconocerse la angustia que genera en el común de la gente la violencia que la azota y la incapacidad de respuesta de aquellas áreas del Poder Nacional, Provincial o Municipal que debiera cobijarla.

Que esa situación se agrava aún más cuando existe la firme creencia en el imaginario colectivo que esa imposibilidad de acceso a la Justicia o incapacidad de custodia de sus bienes más preciados es producto de alguna connivencia de estamentos institucionales de poder o de sus responsables con el delito o incluso aún, y por ello no menos grave, por su insensibilidad para escuchar o su incapacidad para actuar.

Que es necesario para refundar la confianza de la sociedad en las instituciones de la República recrear la convicción de la vigencia de sus leyes, reestablecer un claro sistema de premios y castigos que destruya la anomia extendida transversalmente en todos los ámbitos de la sociedad, como también corregir con rapidez y profundidad toda desviación que pusiera en peligro los derechos esenciales de las personas, antes aludidos.

Que es obligación del Estado Nacional encarar las acciones que se encuentren a su alcance para eliminar de todos los...