Réquiem para la Justicia

PARTE II

Además de la remoción de jueces para sustituirlos por amigos del grupo gobernante, que se mencionó ayer como uno de los hitos del asalto a la Justicia, hay casos paradigmáticos de la preocupante degradación republicana. Uno de ellos es el de Ignacio Rodríguez Varela.

Este abogado de 46 años, especialista en derecho penal y padre de nueve niños, integró en la última década 31 ternas para los cargos de fiscal de instrucción, fiscal federal, juez de instrucción, juez federal, vocal de la Cámara del Crimen, vocal de Tribunal Oral Criminal y vocal de Tribunal Oral en lo Penal Económico. Sus postulaciones habrían sido 35 si no hubiera sido despojado de las cuatro ternas del concurso 140 para los cuatro cargos de juez federal de la Capital Federal al que aludimos ayer, y al frente de cuyo orden de mérito se encontraba al tiempo de su bochornosa anulación. Desde hace 22 años es secretario de instrucción del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Nación; ingresó en 1988 como meritorio y ocupó todos los cargos de la carrera de empleado hasta ser propuesto con sólo 23 años como funcionario, a fines de 1992, por Miguel Ángel Caminos.

Profesor de derecho penal y procesal penal desde hace 21 años en la Universidad Católica Argentina, Ignacio Rodríguez Varela ha publicado artículos en las principales revistas jurídicas del país y es autor de un libro y coautor de otro, todos dedicados a la reflexión y la búsqueda de soluciones para los problemas y urgencias nacionales en materia de seguridad ciudadana y organización de la Justicia y el sistema penal. Estas inquietudes lo llevaron a participar en el diseño y puesta en marcha de la primera fiscalía descentralizada del país, así como a integrar en el rango de subsecretario los equipos de Gustavo Beliz y Norberto Quantín en sus fugaces pero fructíferos 13 meses de gestión en el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Seguridad de la Nación. En ese vertiginoso período entre 2003 y 2004, Rodríguez Varela tuvo a su cargo la secretaría ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, desde donde proyectó y gestionó junto con su equipo de colaboradores, en coordinación con el resto de las áreas del Ministerio de Justicia, el Plan Nacional de Control de Armas; el relanzamiento del Programa Nacional de Seguridad Rural y Ambiental Rural (Pronaserar); reformas en tramos medulares del Código Penal, y el Programa de Bloque de Legalidad y Vigencia de la Ley. Este último fue particularmente exitoso...