Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Sala I, 16 de Abril de 2012, expediente 67.238

Fecha de Resolución:16 de Abril de 2012
Emisor:Sala I
 
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Poder Judicial de la Nación Expediente nro. 67.238 – S.I. –S.. 2

Bahía Blanca, 16 de abril de 2012.

VISTO: El presente expediente nro. 67.238 de la secretaría nro. 2,

caratulado “‘RENDA RODRÍGUEZ, Luisa Máxima c/DIBA

s/Amparo Med. C.. s/ Incid. A.. s/ Denegatoria de denuncia de incumplimiento de M.C.”, venido del Juzgado Federal nro. 1 de la sede, puesto al acuerdo en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. sub 56/57 vta. contra la resolución de f.

sub 55.

El señor C. de Cámara, doctor César E.

Lombardi, dijo:

  1. - El recurso de apelación se funda en cuestionar la resolución del a-quo que interpreta que la demandada ha cumplido satisfactoriamente con la medida cautelar, firme y consentida, que consistía, en la cobertura de asistencia domiciliaria USO OFICIAL

    tiempo completo hasta tanto la amparista reciba el alta médica plena o acredite una sustancial modificación de la situación actual.

  2. - Mi criterio discrepa con la solución arribada en la que propondré su revocatoria y fijaré los alcances que en su ejecución debe alcanzar la cautelar admitida.

    La orden judicial preventiva persigue evitar mayores daños a la amparista y contiene un alto grado de sentido humanitario. Su ejecución debió ser inmediata y sin mayores prolegómenos que la llevaran a vaciarla de contenido. Resulta ser el ente profesional especializado en la atención de prestaciones de salud y asistenciales en general quien debe procurar la contratación del personal que cubra la atención domiciliaria a horario completo de la afiliada.

    En el marco de esas obligación de hacer, DIBA

    posee todas las alternativas, incluidas las que lleven a efectuar los análisis comparativos de los precios del personal que pudiera cumplirla, pero de ninguna manera corresponde que sea el afiliado amparista quien deba ser el impulsor de las contrataciones o quien proponga las mismas. Si bien puede y debe ser oído, en función de la naturaleza especial y personal de la prestación, esto no implica condicionar la ejecución de la orden judicial a su intervención activa. La contratación del personal idóneo a ser afectado a la tarea es de exclusiva competencia del ente profesional/asistencial y es quien debió procurarlo de manera inmediata a la decisión preventiva ordenada.

    Por otra parte, pretender una solución diferente no haría más que relevar de obligaciones a quien resulta el sujeto obligado y apto para la prestación del servicio, trasladando las mismas a quien es el beneficiario de la cautelar...

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