La remoción de Cabral, otro paso hacia un régimen autoritario

El sistema institucional argentino continúa en estas horas su transfiguración hacia un régimen autoritario cuya clave de bóveda es el sometimiento del Poder Judicial a una facción política. Con la sustitución del juez Luis Cabral por el abogado Claudio Vázquez en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Cristina Kirchner logró algo mucho más importante que evitar que ese tribunal declare la inconstitucionalidad, en términos muy severos, de su extravagante acuerdo con Irán. A partir de ahora, ella controlará una instancia decisiva del proceso que más la desvela: la causa en la que su empresa familiar, Hotesur, es investigada por lavado de dinero. La Sala I interviene en ese expediente.

En abril, junto con su colega Gustavo Hornos, Cabral había rechazado el pedido de Romina Mercado para que se desplace al juez Claudio Bonadio del caso. Mercado, la titular de la empresa, es la hija de la ministra de Acción Social, cuñada de la Presidenta y candidata a gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Ahora en lugar de Cabral estará Claudio Vázquez, un abogado de Lanús amigo del secretario de Justicia, Julián Álvarez.

Sería incorrecto, sin embargo, suponer que el pronunciamiento de la Cámara sobre el memorándum con Irán es intrascendente para el oficialismo. En los argumentos de las partes durante la audiencia que se celebró en marzo, sobre todo los del fiscal Raúl Pleé, hay atisbos de que el fallo que la Presidenta quiere evitar incluiría calificaciones sobre las conductas de los funcionarios que negociaron con Irán.

Entre otros, ella misma. ¿También se pediría una sanción? ¿Los votos de Cabral y de su colega Juan Carlos Gemignani contemplaban, con distintas modulaciones, esa posibilidad? Éste es el motivo principal de inquietud de la señora de Kirchner: por la ventana de la discusión sobre la constitucionalidad del acuerdo regresaría el espectro del fiscal Alberto Nisman y la denuncia que, de un modo u otro, le costó la vida.

El reemplazo de Cabral dará lugar en las próximas horas a movimientos judiciales y políticos. El juez presentará un recurso de amparo en el fuero contencioso administrativo. Y la Asociación de Magistrados, de la que él es vicepresidente, irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU para denunciar que en el país se está violando una garantía consagrada por el sistema internacional: que a un magistrado no se le puede arrebatar sin justificación legal una causa en la que ya ha actuado como juez natural.

Pleé, por...