La relación del macrismo y el juego: entre el control y las concesiones

La historia de Cambiemos con el juego lleva un año, pero ya incluyó tires, aflojes, aprietes, concesiones, renuncias, reuniones secretas y mensajes solapados. También leyes y decretos polémicos.

Esta semana, la Legislatura porteña votó la ley de traspaso del juego de la Nación a la Ciudad. La norma terminó de abrochar un pacto que se gestó durante todo 2016: el Hipódromo de Palermo (donde Cristóbal López aún tiene participación) y los casinos flotantes de Puerto Madero deberán pagar su millonaria deuda tributaria, abonar cánones más altos y ser inspeccionados de cerca. Pero mantendrán todos sus "derechos adquiridos". En otras palabras, seguirán vigentes las concesiones que les otorgó Néstor Kirchner, que en el caso del hipódromo llegan hasta 2032.

Quien diseñó este nuevo escenario fue Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, parlamentario del Mercosur y asesor de Mauricio Macri en temas legales. En lo formal, asumió como asesor ad honorem de Lotería Nacional y del Instituto del Juego Porteño. Pero, en rigor, fue el maestro de orquesta de toda la negociación. Para hacer la tarea puso dos condiciones: poner a funcionarios de su riñón y evitar ser relacionado con los bingos bonaerenses. "El que pone la cara ahí termina en una zanja", dijo alguna vez en medio de su enemistad declarada a Daniel "el Tano" Angelici.

En la Capital, el juego está cerca. No hace falta ir a las afueras de la ciudad para encontrar las salas. El hipódromo es de Federico De Achával. Junto con Casino Club (donde, según confirmaron fuentes de la firma, Cristóbal López aún mantiene el 30%), explota las máquinas tragamonedas del predio hípico. En los casinos flotantes de Puerto Madero, López vendió su parte a Ricardo Benedicto, su histórico socio en el mercado lúdico.

La primera tratativa que encaró "Pepín" fue por la millonaria deuda de ingresos brutos con la Ciudad. Las salas porteñas nunca habían pagado el impuesto, alegando que el juego estaba en territorio federal. Eso derivó en un eterno conflicto judicial que escaló hasta la Corte, que se pronunció a favor del gobierno porteño. Pero ni siquiera el fallo zanjó el conflicto. "Tuvo que cambiar el gobierno para que se terminara la impunidad", dicen desde Cambiemos. Lo cierto es que si bien Rodríguez Simón llegó a decir que la deuda por ingresos brutos rozaba los $ 8000 millones, al final, los operadores entraron en moratoria por $ 2100. Casi un cuarto. "Se dijo una cifra alta para meter presión", justificaron.

Antes de sentarse a...