Que recuperar lo robado deje de ser una utopía

El lujoso yate que perteneció a Ricardo Jaime, valuado en alrededor de un millón de dólares, y el avión Learjet 35A de Lázaro Báez, cuyo costo ronda los 600.000 dólares, tienen varios puntos en común: sus dueños están presos acusados por corrupción; los dos bienes fueron decomisados por la Justicia, que los puso en manos del Estado para darles un uso público, y en los dos hay que seguir invirtiendo dinero para que no se deterioren. No pueden venderse porque no ha sido sancionada la ley de extinción de dominio y repatriación de patrimonios, una norma que nos permitirá a todos los argentinos recuperar lo robado por quienes -hayan sido funcionarios o no- se valieron de la función pública para sus espurios negocios privados.

Ese yate y ese avión se suman a una larga lista de bienes que fueron confiscados en los últimos tiempos. La nave de Jaime es utilizada por la Prefectura para patrullar el delta del Tigre. Tiene un enorme cartel con la leyenda: "Embarcación recuperada de la corrupción". El avión, en tanto, yace en un hangar. Otros 300 vehículos decomisados en causas por violación de los deberes de funcionario público, lavado de dinero, asociación e enriquecimiento ilícitos son usados por las fueras de seguridad. Más de 670 automóviles de media y alta gama fueron recuperados del tráfico de estupefacientes. Pero a todos, como a la maquinaria vial secuestrada a Báez en la Patagonia, hay que mantenerlos para que no se degraden, para que no pierdan valor.

Si la ley de extinción de dominio hubiera visto la luz, esos bienes podrían liquidarse y el Estado estaría en condiciones de destinar los fondos a la concreción de diversas políticas públicas. El yate de Jaime, además de costoso, es un engorro: por su gran porte no está en condiciones de patrullar los canales más amplios del Delta.

La corrupción, aun la descubierta, nos sigue saliendo muy cara. La ley de extinción de dominio se encuentra empantanada en el Congreso desde hace muchísimos meses. Diputados sancionó un proyecto que el Senado se niega a aprobar, mientras que el dictamen de la Cámara alta no convence ni a los propios senadores.

Así las cosas, lo robado tarda en recuperarse, la Justicia carece de más elementos para acelerar definiciones y el Estado pierde oportunidades de destinar el producido de esos...