Recuperar lo robado

La noticia de que Brasil ha recuperado en 2015 casi 125 millones de dólares desviados al exterior por la corrupción, superando en ocho veces el total acumulado entre 2005 y 2014, es un récord que pone a ese país como un ejemplo por tener en cuenta en cuanto a la lucha contra ese tipo de delitos.

A esa cifra se ha llegado por el aumento de los convenios establecidos por la justicia de Brasil con Suiza y también por el aporte de las denominadas "delaciones premiadas" de algunos de los partícipes de la enorme red de corrupción protagonizada fundamentalmente por la petrolera estatal Petrobras y poderosas empresas constructoras.

En nuestro país, producto de la declaración judicial de Leonardo Fariña, sospechado de haber intervenido en operaciones de lavado de dinero e ingresado en el sistema de testigos protegidos, el juez Sebastián Casanello ordenó -aunque muy tardíamente-una serie de allanamientos en la provincia de San Cruz en propiedades del pseudoempresario Lázaro Báez. El objetivo del magistrado es "recuperar activos" como parte de la causa en la que se investiga al socio y presunto testaferro de la familia Kirchner por aquel delito y por la que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde hace un mes.

Precisamente, la recuperación para el Estado de bienes obtenidos a partir de prácticas corruptas -lo que se denomina "extinción de dominio"- y la ley del arrepentido son dos recursos inestimables en la lucha contra la corrupción.

Con la extinción de dominio, cuyo proyecto de ley está siendo consensuado en el Congreso Nacional, se crea un nuevo instrumento jurídico mediante el cual el Estado podrá perseguir aquellos bienes de procedencia ilícita sin necesidad de una condena previa del individuo acusado. Esa herramienta es distinta de la del "decomiso", que hoy ya está prevista en el Código Penal, pues en este caso el castigo recae sobre el sujeto. En cambio, la extinción de dominio, que es una acción legal pero de naturaleza civil, se dirige a los bienes de origen ilícito más allá de la responsabilidad criminal del individuo.

Así lo prevé un borrador del Poder Ejecutivo que coincide en muchos de sus puntos con una extensa serie de iniciativas que en el mismo sentido han venido presentando legisladores de varios bloques parlamentarios. De allí que el Gobierno haya decidido llegar a un proyecto de unificación que surja del propio Congreso.

Una de ellas fue presentada el año último por la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), quien...