Recuperar poder de decisión y control para los ciudadanos

Los corruptos y la protección del cargo público

Todas las constituciones expresan, a través de su texto, un "pacto entre iguales". Se trata de un acuerdo que incluye a todos los miembros de la sociedad, y a través del cual se definen los principios y las "reglas de juego" (los procedimientos) que organizan la vida en común. Típicamente, la constitución determina las mayorías necesarias para que una iniciativa legislativa se convierta en ley; crea organismos de control y define su funcionamiento; establece la modalidad y frecuencia de las elecciones, etcétera. En América Latina, esas "reglas de juego" aparecen con un "plus" o agregado significativo porque, desde muy temprano -desde el dictado de la Constitución de México, en 1917- en toda la región se asume que "participar del juego democrático" requiere bastante más que el respeto a reglas procedimentales como las referidas.

En efecto, todas las constituciones latinoamericanas presumen de que el buen funcionamiento de la democracia exige, también, de ciudadanos dotados de una serie de derechos básicos, una lista que incluye derechos sociales, económicos y culturales. Se trata de una novedad que en su momento introdujo el constitucionalismo latinoamericano, y que hoy es común en una mayoría de constituciones. Con este subrayado: esos "generosos" derechos incorporados por nuestras constituciones no representan meras aspiraciones o "pura poesía." Se trata de compromisos del máximo nivel, que tienen la misma jerarquía normativa que los demás derechos establecidos por la constitución (libertad de expresión, derecho de propiedad, etcétera), y respecto de los cuales nuestras autoridades públicas se encuentran igual e inexorablemente obligadas. En definitiva, el hecho es que las constituciones organizan nuestra vida democrática, otorgándonos instrumentos para el autogobierno y el control al poder, y definiendo los derechos que las autoridades deben asegurarnos, con el fin de que podamos intervenir de modo activo en los asuntos políticos de nuestra comunidad.

Frente al panorama descripto (que resume lo que constitucionalmente nos corresponde), quisiera llamar la atención sobre el modo en que, desde hace tiempo, en la Argentina (como en otros países) las autoridades utilizan la Constitución para propósitos directamente inversos a los que ella define. Así, en lugar de "activar" los mecanismos democráticos que la Constitución establece -para permitir nuestra participación política activa y el control...