Rechazo de empresarios a una medida que juzgan peligrosa

La lista es bastante conocida. Cada uno a su turno, en el transcurso de los últimos años, empresarios de primera línea o simples gerentes fueron acusados de diferentes iniciativas que, en algunos casos, la Casa Rosada llegó a juzgar como ataques contra el orden institucional. Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Jorge Brito, del Banco Macro; Juan José Aranguren, de Shell; Gabriel Martino, del HSBC, o Rodrigo Saldaña, de Jorge Toselli Inmobiliaria, integraron, entre muchos otros, una nómina que recibió desde escraches por cadena nacional por comprar dólares o quejarse de la caída en la actividad hasta causas penales en la Justicia por presunto lavado de dinero.

La relación entre el kirchnerismo y el poder económico siempre fue turbulenta. Sin embargo, en tiempos de nerviosismo cambiario, la tensión se extendió incluso a pequeños ahorristas como Julio Cesar Durán, el famoso "abuelito amarrete", así llamado por la presidenta de la Nación, que presentó en la Justicia el primer amparo para comprar diez dólares que pretendía regalarles a sus nietos.

Ayer, enterados del decreto 1311, que se publicó en el Boletín Oficial y que incluye entre el universo sujeto a espionaje a quienes intenten desestabilizar el orden constitucional mediante "corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado", empresarios de rubros diversos expresaron su desacuerdo y evaluaron como peligrosa la medida. La mayoría se negó a opinar en voz alta o se excusó de hacerlo hasta tanto pudiera ponerse al tanto de los alcances de la decisión. Sin embargo, otros prefirieron oponerse públicamente a lo que consideran una nueva escalada contra el Estado de Derecho o el sentido común.

Uno de ellos fue Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a dueños o máximos ejecutivos de compañías. "Todos los países del mundo tienen sus sistemas de inteligencia destinados a protegerse de ataques externos. Hoy podríamos agregar al narcotráfico como gran amenaza externa. Pero, evidentemente, hacer inteligencia de los propios ciudadanos argentinos va en contra de todo lo que debería ser un país civilizado", dijo.

Se le sumó Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina y líder de la cámara alimentaria Copal. "En el principio republicano de división de poderes, corresponde al Poder Judicial investigar estas cuestiones o pedir, si correspondiere y en el caso de que fuere...