Puestos insólitos para justificar designaciones

La creatividad de la burocracia estatal y la premura del gobierno de Cristina Kirchner por ocupar los casilleros de la administración pública llegaron a niveles insospechados en el final del ciclo político. En los poco más de dos meses que separaron las PASO del ballottage, la administración saliente no sólo incorporó y extendió los contratos de 2500 empleados públicos, sino que también mostró un apuro difícil de justificar por cubrir cargos curiosos. Un caso ejemplar es el de Ramiro Ortega Gómez, que trabaja en la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos. A través de un decreto presidencial, obtuvo el 2 de noviembre, sólo 20 días antes de la segunda vuelta, la prórroga por 180 días como coordinador de los Talleres de Reflexión Sobre el Pasado Reciente. La misma norma dispuso la continuidad en la administración pública por seis meses de más de 30 personas, entre los que se encuentran analistas, asesores contables, psicólogos e inspectores.

También por un decreto de la ex presidenta se extendió por 180 días el trabajo de Juan Cruz España como director nacional de Juventud Rural Independiente, un organismo que funcionaba en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La norma, que también llevó las firmas del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y del saliente titular de esa cartera Carlos Casamiquela, justificó la decisión en el hecho de que no se había hecho la "correspondiente convocatoria" para cubrir el cargo, por lo cual "razones operativas" hacían necesario "prorrogar dicha designación transitoria". Pero no dio pistas sobre las funciones que debe cumplir quien se desempeñe en esa función.

La telaraña de designaciones que tejió el kirchnerismo durante sus últimos días en el poder arroja otros nombramientos algo menos curiosas. Sin embargo, no se termina de entender el apuro en la extensión de los contratos si se toman en cuenta los cargos a los que hacen referencia.

Por ejemplo, el decreto 1586 designó a Carlos Alberto Jacomet, un joven en torno de los 35 años, como director de Abordaje Responsable de la Economía Solidaria del Ministerio de Desarrollo Social.

El gobierno saliente también le extendió el vínculo al responsable del Programa Ciudades Libres de Discriminación, a un asesor de Proyectos Antisetimismos y Deportes, a un coordinador de Juicios de Trascendencia Económica Institucional, a un Coordinador de Causas Judiciales de Entes Liquidados, a un Director Nacional de Planificación de la Integración...