PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA RECOMENDACIÓN QUE DECLARA COMO DERECHOS HUMANOS ESENCIALES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO, LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y DIGNIDAD HUMANA, APROBADA POR EL MERCOSUR EN LA LXIII SESIÓN ORDINARIA EL 31 DE MAYO DE 2019.
| Fecha de presentación | 05 Junio 2019 |
| Número de Iniciativa | 1721/19 |
| Comisión | Comisión de derechos y garantías |
| Autor de la iniciativa | Pilatti Vergara , María Inés |
“2019 Año de la Exportación”
(S-1721/19)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su Beneplácito por la aprobación de la recomendación que declara
como Derechos Humanos esenciales para el desarrollo, la
preservación de la salud y dignidad humana, a los servicios públicos
de: a) agua potable y saneamiento; b) energía eléctrica; y c) gas
natural y GLP, aprobada por el Parlamento del Mercosur en la LXIII
sesión ordinaria del viernes 31 de mayo último.
María I. Pilatti Vergara
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El último 31 de mayo en la ciudad de Montevideo, el Parlamento del
Mercosur aprobó la recomendación 07/2019, por la cual se declaran
los servicios públicos como derechos humanos.
Destaco dicha iniciativa que retoma el proyecto de ley que
oportunamente presenté con el número de expediente S-410/19 y el
número S-4176/17. Creo que es un deber garantizar que todas y todos
puedan acceder a los servicios públicos. Como reza la recomendación
aprobada por el Mercosur, “no se trata de gratuidad de los servicios,
sino que se trata de la asequibilidad para todos”.
Como sostenemos en los fundamentos de nuestro proyecto que
reproduce el parlamentario Sotelo, en el año 2006, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia del
Caso Ximenes López:
“La prestación de servicios públicos implica la protección de bienes
públicos, la cual es una de las finalidades de los Estados. Si bien los
Estados pueden delegar su prestación, a través de la llamada
tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los
servicios públicos y de proteger el bien público respectivo. La
delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige
como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en
fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los
derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los
servicios públicos sean provistos a la colectividad sin cualquier tipo de
discriminación, y de la forma más efectiva posible”.
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