Un proyecto que busca el abolicionismo penal

Si hay sobrepoblación de pacientes en los hospitales, ¿acaso debe ser cerrado el ingreso en los nosocomios por falta de camas y mandar a los enfermos a sus casas? Si hay sobrepoblación de alumnos a escolarizar, ¿acaso los niños deben ser enviados a sus hogares? Las respuestas resonarían al unísono. Dadas las mismas circunstancias -y con el agravante de que los convictos purgan una pena-, si hay sobrepoblación de presos y con el fin de evitar el hacinamiento, ¿acaso deben ser vaciadas las cárceles, estipulando una "reducción en hasta un 25 por ciento" del tiempo de confinamiento e impulsando "indultos, conmutaciones de penas y medidas alternativas a la pena de prisión"? ¿Acaso se deben habilitar "con urgencia la utilización de las casas para detenidos con régimen abierto", e implementar "con mayor extensión la posibilidad de medios alternativos al encarcelamiento cautelar como el uso de brazalete, pulsera o medio similar de control y monitoreo electrónico"?

Este indulto enmascarado es propiciado por el proyecto de ley para la acreditación funcional de establecimientos para la privación de la libertad y control de la superpoblación, elevado por la Procuración Penitenciaria de la Nació n, cuyo director, Francisco Mugnolo, es un ex diputado radical que está al frente de dicha entidad desde el año 2000 y fue ratificado en 2003, tras aprobarse la ley que dio autonomía al cargo creado para "proteger los derechos humanos" de los presos. De convertirse en ley, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura coordinaría y controlaría la implementación de los procedimientos de la ley.

Pero, vistos desde hoy, los derechos humanos que irrumpieron con la recuperación de la democracia cumplieron una función social e institucional en los primeros tiempos que aportaron una mirada significativa en relación con la dictadura. Sin embargo, con el tiempo, desarrollaron una hipertrofia tal que se vaciaron de sentido. Tras treinta años de democracia, esa hipertrofia produjo los efectos inversos de aquellos que constituyeron la justificación inicial de su existencia.

Una vez más, cuando la ideología desplaza la investigación criminológica, cualquier excusa es un recurso legitimante, incluso apelar a las insuficiencias edilicias para liberar a delincuentes convictos. Pese a los 54.000 muertos por homicidio entre 1991 y 2009 (año en que se ordenó suspender la difusión de las estadísticas delictuales), parece desconocerse que un análisis criminológico científico...