Provincias dispendiosas y un Estado nacional otario

Urge la instrumentación de mecanismos económicos y administrativos para que gobernadores e intendentes gasten menos y mejor con los fondos que recibenEl desborde del es un mal crónico que castiga a nuestra economía y es causa principal de la inflación y el estancamiento. A pesar de haberse creado impuestos con una imaginación digna de mejor destino, el crecimiento del gasto estatal siempre los ha superado.Fue en el período 2003-2015 cuando el fenómeno adquirió mayor velocidad. Durante esos años la cantidad de empleados públicos nacionales aumentó un 61% y la de jubilados a cargo del Estado se duplicó. Por lo tanto, y a pesar de aumentarse fuertemente los impuestos, el déficit se volvió indomable. Se trata de una situación que no se circunscribe al ámbito nacional. Una mitad del gasto público del país corresponde a los gobiernos provinciales y municipales, y, si se afina el análisis, se puede observar que ha sido en esos niveles donde se han producido los mayores deslizamientos. El número de empleados públicos en provincias creció un 76% y, en municipios, un 110% en el mismo período. Fue así como el gasto público consolidado (Nación + provincias + municipios) pasó de un 30% del PBI en 2002 al 47% en 2015, para reducirse al 45% en 2019. La presión tributaria aumentó desde 27% en 2002 a 39% en 2019. Tanto unos como otros son porcentajes que la economía argentina no soporta y que urge corregir.Durante la gestión de la administración nacional redujo su dotación en unos 40.000 empleados, pero las provincias y los municipios la aumentaron en 110.000. Nuevamente se produjo una falta de consustanciación de los gobernadores e intendentes con la gravedad de la situación general del país. Se comprobó además la incapacidad del gobierno nacional para liderar una convocatoria efectiva dirigida a aunar esfuerzos, aun mediante el Acuerdo Federal de 2016, que suponía exigencias de austeridad demasiado leves. Por ejemplo, no se les exigía reducir el empleo de las sobreabundantes burocracias provinciales, sino que se les permitía incrementarlo a una tasa no mayor que la del crecimiento demográfico de la provincia. Gran parte de los gobernadores la excedió.Está claro que los 24 gobernadores y los más de 1500 intendentes gozan de autonomía en el contexto de nuestra organización federal. Son voluntades independientes que no están obligadas a acatar pedidos, ni mucho menos órdenes del Presidente. La estrategia debe ser la inducción y no la compulsión. Deben...

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