Proponen que se sancione a empresas por corrupción

Fuertes penas para las personas jurídicas -entre ellas, las empresas- que cometan delitos de corrupción y cohecho trasnacional impulsa el Gobierno, a través de un proyecto de ley que ingresó ayer en la Cámara de Diputados.

Las penas propuestas van desde multas, suspensión de actividades hasta un máximo de diez años, pérdida de beneficios o subsidios estatales, prohibición de participar en licitaciones públicas e, incluso, la pérdida de la personería jurídica.

En la actualidad, el Código Penal sólo sanciona a las personas físicas por los delitos contra la administración pública. Lo que pretende el Poder Ejecutivo es extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas, esto es, a las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras, constituidas de hecho o de derecho, con o sin participación estatal.

El propósito de este régimen penal es incentivar a las empresas a que elaboren medidas preventivas internas para prevenir delitos contra la administración pública. Y que en ello estén involucradas sus más altas autoridades, hoy exentas de responsabilidades penales, a menos que se pruebe su dolo, es decir, que se probara que conocían los hechos.

"Es un proyecto que busca incentivar mejores prácticas del sector privado y generar un camino de cooperación con el sector público", explicó ayer la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, impulsora de la iniciativa junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.

Alonso participó ayer de un taller que se realizó en la Cámara de Diputados para abordar esta iniciativa junto con legisladores de distintos bloques. Participaron Horacio Reyser, asesor del Presidente en inversión extranjera directa; Marcelo Scaglione, representante del Ministerio de Hacienda ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y William Loo, invitado especial de esta organización.

De hecho, la presentación de este proyecto constituye un gesto del gobierno de Mauricio Macri hacia la OCDE, en vísperas de la visita de una misión observadora del organismo a nuestro país. La Argentina es uno de los países que ratificó en 2001 la Convención para Combatir el Cohecho Internacional, de la OCDE, y se comprometió a dictar normas para responsabilizar a las personas jurídicas por casos de soborno transnacional. Sin embargo, hasta ahora nunca cumplió con lo prometido. El Presidente, decidido a promover el ingreso de...