Propaganda oficialista y subestimación del ciudadano

El gobierno nacional dio nuevas muestras de su nulo apego a la ley y a los derechos de los ciudadanos, pues acaba de apelar una decisión judicial por la que se ordenó al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, entregar a una periodista una copia de los contratos entre Canal 7 y una productora privada por el dinero que eroga el Estado para solventar los enormes costos del programa televisivo partidario 6, 7,8.La orden fue dada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 María José Sarmiento a partir de la acción de amparo presentada en enero último ante la Justicia por la periodista Mariel Fitz Patrick, patrocinada en su demanda por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).El reclamo de la periodista se basa en la negativa de Canal 7 a informar sobre el monto de los contratos que se le abonan a la productora Pensado Para Televisión, de Diego Gvirtz. Fue así como en diciembre de 2012, antes de la demanda judicial, Fitz Patrick presentó un pedido de acceso a la información al Gobierno basado en un decreto del ex presidente Néstor Kirchner. La chicana para volver a negarle los datos fue que la periodista no tenía un "interés legítimo" para hacer ese reclamo. Sin embargo, aquel decreto nada dice de contar con esa exigencia, sistemáticamente usada como pretexto por las autoridades para negarse a blanquear ese tipo de contratos que contienen información pública. En lo que a Cristina Kirchner respecta, a pesar de sus reiteradas manifestaciones en favor de una ley en ese sentido, nada ha hecho para que su partido en el Congreso avanzara sobre el asunto. Por el contrario, esa iniciativa ha perdido estado parlamentario.Como ya hemos dicho desde estas columnas, esa posición del Gobierno choca contra los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, que sostienen que para acceder a la información pública no es necesario acreditar ningún interés específico. En su rechazo a especificar cómo se distribuyen los dineros de todos los ciudadanos, el Gobierno tiene ya sobrados y muy negativos antecedentes. Por caso, en una reciente edición del ciclo televisivo PPT , de Jorge Lanata, también se mostró cómo a través de un programa del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, se financió a otras dos productoras privadas para proyectos de ficción digital, además de haberse otorgado 50 millones de pesos a través de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) a la familia Del Boca para grabar una novela, y a artistas como Fito...