Prohíben salir del país a ocho empresarios por dar facturas truchas a Báez

Dos años y quince días después de que LA NACION reveló el entramado de facturas truchas por decenas de millones de pesos que se montó en Bahía Blanca para beneficiar a , la justicia federal de esa ciudad ordenó avanzar contra los bienes de todos los sospechosos, Báez incluido, y les prohibió salir del país.

"Teniendo en cuenta el riesgo de «desapropiación»" de los sospechosos, indicó la jueza federal Mirta Filipuzzi, "resulta necesario y pertinente disponer medidas para evitar el eventual provecho de los delitos imputados", es decir, evasión tributaria agravada, lavado de activos y asociación ilícita fiscal.

La jueza, originaria de Viedma pero que subroga en Bahía Blanca, les cerró además las fronteras a los once acusados "a fin de asegurar la comparecencia de los imputados para el caso de que sean convocados a prestar declaración indagatoria".

Filipuzzi dejó así a un paso de llamar a indagatoria al presunto testaferro de la familia Kirchner y a su hijo Martín Báez, como también a un conocido contador de Bahía Blanca, Rogelio Chanquía, y ocho empresarios de esa ciudad involucrados en la emisión de facturas truchas, integrantes de dos familias: los Ficcadenti (Mauro, Franco, Enzo y Silvio) y los Ferreyra (José, Denis, Jorge y Franco).

La operatoria bajo sospecha había salido a la luz en octubre de 2014, cuando LA NACION reveló que Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas de Báez, había acumulado facturas apócrifas o infladas por decenas de millones de pesos de empresas y sociedades truchas de Bahía Blanca.

Esas firmas eran controladas, a su vez, por las familias Ficcadenti -dueños de las firmas Grupo Penta y Calvento, entre otros-, Ferreyra -Constructora Patagónica Argentina- y Pedraza, cuyos integrantes eran originarios de esa ciudad del sur bonaerense, pero que luego se trasladaron a Santa Cruz.

Un día después de que LA NACION reveló esa operatoria, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, llamó a una conferencia de prensa en la que terminó por admitir que esos tres grupos empresarios bahienses se encontraban en fiscalización, pero relativizó el rol de Báez, al que a su vez intentó despegar de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la resolución que firmó el 3 de este mes -a la que sólo accedió ayer LA NACION - la jueza Filipuzzi también avanzó sobre los Pedraza. Ordenó que la fiscalía "deberá expedirse [...] con relación a los titulares de la empresa Iberoamericana de Servicios"...