Procesan 400 cajas con datos que complican a Cristina

Las pruebas que pueden llevar a Cristina Kirchner a la cárcel están encerradas en 400 cajas azules y marrones apiladas en una oficina de la Prefectura Naval, en el puerto. La puerta está sellada con una faja que dice "Clausurado" y cerrada con llave. La llave se guarda en un sobre lacrado y firmado, y ese sobre se pone en una caja fuerte donde queda un registro escrito de quien toma la llave para acceder a esas pruebas y de su devolución.

Esas cajas encierran los documentos que el juez federal Claudio Bonadio secuestró en 30 allanamientos realizados en simultáneo en las oficinas de Máximo Kirchner en el Sur, en otras sociedades, en escribanías y en inmuebles de la ciudad de Buenos Aires.

Hoy esas pruebas alimentan las cuatro causas en las cuales Cristina Kirchner aparece complicada y, al final del camino, cuando el asunto llegue a juicio oral -si eso ocurre-, algunos de esos cuatro expedientes pueden terminar reunidos en uno solo.

Esas pruebas comenzaron a ser certificadas esta semana y cada uno de los papeles que contienen esas 400 cajas está siendo escaneado. De cada caja se realiza un registro de lo que contiene, con un número de foja, para estar seguros de que nada desaparezca.

El registro de cada factura, escritura y poder incautado está siendo realizado por el juez federal Julián Ercolini, quien desde hace dos semanas está a cargo de la causa Hotesur, donde la ex presidenta y sus hijos son investigados por supuesto lavado de dinero.

Allí está probado que entre diciembre de 2013 y principio de 2014, ocho empresas de Lázaro Báez alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner, supuestamente sin utilizar esas reservas, y les transfirieron por esas habitaciones más de 15 millones de pesos. Se investiga si ese dinero, que retornó a las arcas de la ex presidenta, forma parte de una maniobra de lavado o si es el pago de un soborno por la obra pública con la que el kirchnerismo benefició a Báez durante sus gobiernos.

Ercolini delegó esa causa en el fiscal Gerardo Pollicita, quien conformó un equipo de fiscales. Ese grupo incluye a su antiguo secretario Ignacio Mahiques, que llegó a fiscal por concurso el año pasado. El juez ya tiene decidido realizar un peritaje sobre los libros de las empresas de Báez y de Hotesur para verificar esas transferencias y luego investigar los registros de pasajeros y consumos del hotel en esos períodos para determinar si los cuartos se ocuparon o no.

Los datos que relevó y publicó LA...