En prisión por el riesgo de fuga y la suma de causas

La orden de captura de Ricardo Jaime era inevitable. Decantó como producto de una sumatoria de razones que no podían desembocar en otro final para un funcionario que, en 2005, para modernizar la flota ferroviaria de la Argentina, pagó 101 millones de euros a España y Portugal por trenes usados y rotos que nunca funcionaron en la Argentina, y cuyo jefe de asesores, Manuel Vázquez, que está preso, cobró sobornos por esas operaciones.

El juez Julián Ercolini evaluó que Jaime, funcionario que dependía del Ministerio de Planificación que dirigía Julio De Vido, debía quedar en prisión porque podía fugarse. Se basó en la acumulación de acusaciones, en las condenas anteriores en su contra, en su poder económico producto de la corrupción y en sus vínculos con empresarios del transporte. A esas razones, que Ercolini escribió en la resolución en la que dispuso detener a Jaime, se sumó otra que no llegó a escribir: Jaime vivía en un domicilio fantasma. La dirección que declaró en Tribunales es la calle Humahuaca 91, de Villa Carlos Paz, pero en realidad los domicilios cordobeses donde vive su familia son la calle Omaguacas 91, de Villa Carlos Paz, o Duarte Quiroz 1939, Dpto. 3, de la ciudad de Córdoba.

La Gendarmería, por orden de Ercolini, fue a esos domicilios donde viven sus familiares, pero Jaime no estaba en ninguno, sino en otro departamento, cuya ubicación nunca reveló. De hecho, fue detenido porque llegó en taxi a una comisaría para ponerse a disposición.

Para meter preso a Jaime, Ercolini tuvo en cuenta que ya fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 2 a seis años de prisión por la tragedia de Once, que él mismo ya lo había condenado por dádivas a un año y medio de prisión, y que el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba ya lo había condenado a seis meses de prisión por haber querido robar pruebas de un allanamiento en la causa por enriquecimiento ilícito.

A estos antecedentes, Jaime sumó la última semana un llamado a indagatoria para el martes por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo citó el juez Sebastián Ramos porque durante sus seis años de gestión en la Secretaría de Transporte no inició la renegociación de los contratos ferroviarios; así logró discrecionalidad para decidir el destino del dinero público.

Ese día también debe justificar ante el juez Sebastián Casanello, en una causa por enriquecimiento ilícito, la compra de una moto de agua. La semana pasada, el fiscal de Morón Sebastián Basso pidió su indagatoria...