Prevén jueces contra el crimen organizado y más designaciones

El paquete de leyes penales de urgencia que enviará el Gobierno al Congreso en marzo próximo se propone una profunda reforma en la organización de la justicia federal, con la creación de un equipo especial de jueces contra el crimen organizado, la designación de nuevos magistrados penales en el interior del país y la redistribución de otros.

Los cambios están contenidos en ocho proyectos de ley, que son los más apremiantes. El ministro de Justicia, Germán Garavano, las adelantó ayer a LA NACION. Hoy las presentará en conferencia de prensa con otras iniciativas del Ministerio de Justicia que prevén ejecutarse entre este año y 2019. Junto con otras leyes institucionales y planes para mejorar la gestión judicial, el acceso a la justicia, los derechos humanos y la implementación del Código Procesal Civil y Comercial, son parte de un paquete de políticas públicas que el Gobierno lanzará con el nombre de Justicia 2020.

Las principales iniciativas en materia de justicia penal son:

-Equipo de jueces contra el crimen organizado: se creará un grupo de 10 jueces, defensores y fiscales especializados en crimen organizado, básicamente narcotráfico y hechos interjurisdiccionales. Lo integrarán jueces de instrucción que se propongan voluntariamente. Dejan afuera a los federales. Buscan ayudar a los tribunales federales del interior del país en narcotráfico.

-Unificación de los correccionales con los de instrucción: desaparece así el fuero para delitos con penas más leves, que ya pasaron en su mayoría a la órbita de la Ciudad. Prevé generar mayor capacidad de jueces para absorber causas y evitar los problemas de competencia.

-Transformar tribunales orales comunes en tribunales federales: se busca así ampliar la cantidad de jueces que pueden hacer juicios por delitos federales, como narcotráfico, delitos de lesa humanidad o corrupción. Hay un importante déficit con juicios que esperan turno desde hace años. Hoy hay seis tribunales y dos que funcionan. Se busca que haya de 10 a 13 tribunales orales federales. Además, se propondrá que dejen de intervenir tres jueces por tribunal en los juicios con penas de hasta 15 años o de entre 6 y 10 años, según las dos ideas en estudio. Con esto multiplicarán por tres la cantidad de jueces disponibles para los juicios pendientes. "Hoy hay tres jueces para dictar un fallo que revisan otros tres. Esto generó un sistema que no da respuestas", dijo Garavano.

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