La Presidenta frena la creación de un tribunal penal que ella impulsó

La presidenta Cristina Kirchner frena, desde hace más de dos años, la puesta en funcionamiento de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, un nuevo tribunal creado para alivianar la tarea de la Casación federal, máxima instancia para las causas penales, y lograr así una "más eficaz y rápida administración de justicia".La propia Presidenta había promovido la creación de esta Cámara en 2008, y el 15 de octubre de 2010 el Consejo de la Magistratura le remitió una lista con 17 candidatos para que ella eligiera, entre ellos, a los diez camaristas para el tribunal, algo que aún no hizo. La nómina incluía juristas y profesores de primer nivel, a punto tal que en los claustros universitarios y en los tribunales se lo llamó "el dream team". Como cuestionamiento, algunos sostuvieron que conformarían una mayoría "excesivamente garantista".LA NACION se comunicó con el Ministerio de Justicia para obtener una explicación oficial de las causas de la demora, que provocó reclamos desde el Poder Judicial, pero no recibió respuesta. Extraoficialmente, fuentes del Gobierno alegaron que, de todos modos, la nueva Cámara no podría trabajar porque no tiene edificio asignado.Paradójicamente, fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, quien frenó la licitación del edificio, y lo hizo con el argumento de que aún no habían sido designados los jueces.En el ámbito judicial circulan las más diversas especulaciones sobre las causas de la demora: que, aunque la mayoría de los candidatos lejos de ser opositores, no son "controlables"; que son muchos de ellos "demasiado garantistas" considerando los últimos discursos de la Presidenta; que no están ligados a operadores kirchneristas que suelen influir en la designación de jueces; que el problema son un par de nombres "de derecha", como el del camarista Guillermo Yacobucci, director del Departamento de Penal de la Universidad Austral.No obstante, de los 17 candidatos, seis firmaron la solicitada "Por una justicia legítima", en la que se diferenciaron de las asociaciones de jueces que habían denunciado presiones del Poder Ejecutivo, y dijeron que "los magistrados también deben ser independientes" de "las grandes empresas" y los medios.Algunos tuvieron problemas con el Gobierno. Por ejemplo Yacobucci y Luis Mario García, que fueron denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos por liberar a represores detenidos varios años sin condena.La nueva Cámara, si se pone en marcha, tomará...