Presente y futuro de la ley del arrepentido

A un año de la aprobación de la llamada ley del arrepentido, los resultados que se esperaban no han llegado. Hasta entonces, la normativa abarcaba muy pocas situaciones y, de hecho, no se aplicaba. Ante la comisión de un delito, habilitaba que alguno de sus autores pudiera colaborar con las autoridades judiciales brindando información acerca de la forma en que este se había cometido o ayuda para la identificación de los restantes delincuentes, a cambio de obtener beneficios durante su proceso penal y una condena atenuada al momento de dictársele sentencia.

Fue la detención de José López, exsecretario de Obras Públicas de Julio De Vido, filmado cargando bolsos llenos de dinero, lo que barrió con la resistencia de los legisladores a aprobar un régimen legal que favoreciera la delación. El detonante fue el epítome de la corrupción de los funcionarios públicos, pero, claro está, aprobar una ley que premiaría a los delincuentes que colaborasen en el marco de crímenes vinculados a funcionarios públicos les significaba a algunos legisladores preparar el cadalso para sus correligionarios del partido, o incluso para ellos mismos, en un eventual futuro.

La ley finalmente se aprobó en octubre de 2016 y fue festejada por unos y otros, lo que debió dar la pauta, ya por entonces, de que algo andaba mal. Quienes estaban comprometidos en la lucha contra la corrupción festejaron sin ambages la creación de esta nueva herramienta que se esperaba que marcase un antes y un después en las complejas investigaciones judiciales sobre temas de enorme relevancia institucional, como los actos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas, criminalidad organizada, prostitución de menores y, obviamente, los delitos cometidos por funcionarios públicos. Pero también festejaron, en voz baja, los exfuncionarios kirchneristas devenidos legisladores porque la ley había sido aprobada con significativos cambios respecto de los proyectos iniciales.

En efecto, la ley 27.304 autorizó en lo sucesivo a que los autores o partícipes de un delito pudieran beneficiarse cuando, durante la investigación judicial, brindasen información o datos precisos, comprobables y verosímiles para evitar la comisión de un delito, identificar a sus responsables, detener a los partícipes y decomisar los bienes y el dinero provenientes del delito. Pero, a cambio de ello, solo se les otorgó a los fiscales y jueces la facultad de excarcelar al colaborador si estuviese detenido y de reducirle la pena a la...