Pozo negro: no se sabe adónde van las inversiones del Estado

El 24 de noviembre de 2003, seis meses después del cambio de gobierno, el Salón Blanco de la Casa Rosada estaba como quería Néstor Kirchner. Luis Pagani (Arcor), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Santiago Soldati (Sociedad Comercial del Plata), Oscar Vicente (Petrobras) y Oscar Vignart (Dow) eran algunos de los empresarios de primera línea que habían asistido al lanzamiento del , que se convertiría en uno de los mayores proyectos de infraestructura del país. Paolo Rocca (Techint) le había llevado la idea a Kirchner, que llenó de elogios al empresario siderúrgico. Once años después, ese gasoducto no existe.

Según el primer cronograma, el proyecto, que costaría unos US$ 1000 millones, . Pero uno de los últimos calendarios establece su culminación 10 años después, en 2016, algo que difícilmente ocurrirá. , y otros $ 5132,54 millones estaban previstos para éste, según cifras que figuran en documentos públicos.

Pero es imposible saber si eso ocurrió o ocurrirá, como pasa con casi todas las obras que hace el Estado. Sólo está claro que días atrás se hizo la primera soldadura de un caño, un acto que contó con la presencia de .

La inversión pública durante la última década, una de las banderas que suele agitar la Presidenta al mencionar los logros de su gestión y justificar la injerencia del Estado en la economía, tuvo una característica sobresaliente: implica el uso de recursos multimillonarios cuyo destino es incierto si se lo intenta rastrear a partir de la información pública disponible; no sólo para cualquier ciudadano, sino también para los especialistas. Es la conclusión a la que llegan profesionales de diversas orientaciones que suelen requerir esos datos para su trabajo cotidiano.

¿Cuánto costó la finalización de la central atómica Atucha II, que la Presidenta volvió a inaugurar el 18 de febrero? ¿Y la represa hidroeléctrica Yacyretá? ¿Las rutas de Santa Cruz y del resto del país? ¿Cuánto avanzó tal o cual plan de viviendas? Incluso a los expertos en el análisis de esos temas les cuesta decirlo, a tal punto que no pueden arriesgar una respuesta.

Frente a las consultas de LA NACION, voceros del Ministerio de Planificación sostuvieron que "el 94% de las obras se ejecutan de manera descentralizada, con fondos que Nación transfiere a las provincias". Según su criterio, los gobernadores son los que deberían rendir las cuentas. Explicaron también que a fines del año pasado esa cartera lanzó una plataforma digital que será el primer paso para resolver algunas cuestiones vinculadas con la información.

El presupuesto de este año prevé destinar 148.622 millones de pesos a gastos de capital, entre inversión real directa ($ 40.056 millones que irán a la obra pública nacional) y transferencias de capital al sector público (otros $ 108.566 millones que el Gobierno remitirá a las provincias principalmente para obras y compra de equipamiento). El ministro de Planificación, , es...