Ponerles límites a la oposición y a la Corte fue el objetivo que se trazó el Gobierno

La intención fue poner límites a todos: a la corporación política, que venía presionando con sus postulantes, y a la Corte. Y transmitir un mensaje de autoridad. Así explican en el Gobierno las motivaciones de Mauricio Macri para nombrar por decreto, en comisión, a dos jueces de la Corte sin esperar a que reabra el Congreso en marzo. Recién entonces podrá someter a los ya magistrados al escrutinio público y deberán pasar la prueba del Senado para dejar de ser jueces supremos en comisión para serlo de manera completa.

En el Gobierno señalan que ahora el macrismo se sentará con los senadores a negociar en otras condiciones: con los jueces sentados en sus bancas, el acuerdo será más amplio. Una negociación subterránea de un sector del peronismo con Emilio Monzó precedió el anuncio, lo que hace pensar en el Gobierno que en marzo podrán empezar el trámite del decreto 222 para darles transparencia a la designaciones y pactar para que los jueces del decreto obtengan acuerdo.

La decisión de designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fue tomada por Macri y su círculo más íntimo. No pusieron objeciones a los decretos. Ayer fueron recibidos por Garavano. El ideólogo de la controversial medida fue Fabián Rodríguez Simón, amigo del Newman del Presidente y abogado que firmó la cautelar que pidió Macri para tener certeza sobre el fin del mandato de su antecesora. Pablo Clusellas, otro amigo de infancia de Macri y secretario legal y técnico de su gobierno, avaló la medida.

Pero la decisión fue de Macri y la evaluación de los costos políticos, de Marcos Peña. De nadie más.

-Te van a salir a putear todos -le advirtió un ministro.

-No importa, hay que hacerlo -contestó Macri.

De hecho, el coro de objeciones que mereció la medida generó preocupación en otro sector del macrismo que ve cómo se escurre de entre sus dedos el capital político conseguido en las urnas.

Garavano salió a defender los decretos, dijo que la Constitución los contempla y Clusellas y Rodríguez Simón mandaban mails con las copias del decreto ley del 58 que habilitó nombramientos de este tipo, previstos ahora en el artículo 99 de la Constitución. Desde el Gobierno respondieron a las críticas de los académicos con el argumento de que esos mismos académicos aspiraban a los cargos. Nada más lejos. Al menos los constitucionalistas que están lejos de la política no contemplaban esa posibilidad.

Macri sólo consiguió acallar a Lilita Carrió y obtener el apoyo del radical Ernesto Sanz. Ricardo...