El Estado podrá ser querellante en el caso del legajo de The Old Fund

en la causa por la desaparición del expediente de The Old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló , según resolvió la Cámara Federal.

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera.

La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un "cepo informativo" en la IGJ.

Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle "la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado". Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública", según establece el artículo 4 de la ley 17.516.

En ese sentido, los camaristas plantearon que no debe confundirse "la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionarios que pudieran representarlo", por lo que negaron la "existencia de un riesgo para el fructífero devenir de la investigación sin indicar un motivo concreto".

El temor, sin embargo, es que el Ministerio busque debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez, quien ya declaró ante los jueces Servini y Claudio Bonadio, y el fiscal Carlos Stornelli.

En esa línea, al presentarse ante Servini, Alak acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la IGJ para averiguar qué pasó con esos legajos y quiénes fueron los responsables por su extravío o robo entre febrero y marzo de 2012, cuando despuntaba el escándalo por el "caso Ciccone", que protagoniza Amado Boudou.

Esas copias que aportó Alak, sin embargo...