En el Poder Judicial rechazan hacerse cargo del sistema de protección de testigos

La decisión del gobierno de Mauricio Macri de traspasar el Programa de Protección a Testigos e Imputados a la Justicia es resistida por los jueces. Tanto en Comodoro Py como en el Palacio de Justicia ya hubo reuniones para definir cómo responderle al Poder Ejecutivo si el decreto finalmente se firma.La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, es la que deberá hacerse cargo del programa, según el borrador del decreto que llegó a manos de los jueces. "No fuimos consultados. Solo informados informalmente por el ministro y no tenemos capacidad para hacernos cargo de esto", dijo a LA NACION una alta fuente de la Casación.En la Cámara relataban que el Gobierno les avisó de la idea la semana pasada, horas antes de la nota de LA NACION que . Al principio no todos estaban tan en desacuerdo. Ayer la idea que se imponía en todas las conversaciones era que el plan del Ejecutivo es un problema.Por ejemplo, en la reunión de Superintendencia que se celebró en la Casación. Participaron el presidente del cuerpo, Carlos Mahiques, y los titulares de las diferentes salas que integran el tribunal. , seguramente la Casación se reunirá en un plenario extraordinario para decidir qué hacer. Una opción -la más extrema- es rechazar el traspaso. Otra, pedirle intervención a la Corte Suprema. En el alto tribunal ya manifestaron su resistencia a que se ejecute el plan del Gobierno.De fondo, está la mala relación de la mayoría de la Corte con el Gobierno. "De ninguna manera vamos a aceptar esto", dijeron a LA NACION en la vocalía de uno de los ministros. "Seguramente se los vamos a devolver." Fuentes de la Corte informaron que la Casa Rosada le había hecho saber la idea al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que funciona como el canal de diálogo con el Ejecutivo. Rosenkrantz se lo...