Pesa la sobre los fiscales

Hoy se cumplen dos años desde que el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en el departamento donde vivía. Lo encontró su madre, Sara Garfunkel, aunque nadie sabe si murió precisamente ese día. En los últimos tiempos se hizo más consistente la hipótesis de que su muerte no sucedió el domingo 18 de enero de 2015, sino el día anterior, sábado 17. La hipótesis, que ahora es judicial en el fuero penal federal, fue sostenida siempre por los peritos de la familia de Nisman que investigaron el lugar donde ocurrieron los hechos y revisaron la autopsia.

En tiempos recientes, también, sucedieron dos cosas importantes en la Justicia. La primera de ellas fue la decisión de la Corte Suprema de que sea el fuero penal federal el que investigue la muerte del fiscal. El máximo tribunal de Justicia del país suscribió, de esa forma, la presunción de que se trató de un homicidio y no de un suicidio. Sólo el crimen de un fiscal general del país, en efecto, podría ser investigado por la justicia federal. Un suicidio, sea de quien fuera, correspondería a la justicia ordinaria del distrito donde ocurrió. La discusión en los tribunales entre las partes demoró más de un año y medio la elección de un juez y de un fiscal definitivos para averiguar de qué manera Nisman llegó al final de su vida.

La segunda circunstancia es más reciente, del 29 de diciembre pasado. Fue la decisión de la Cámara de Casación Penal que ordenó investigar la denuncia que Nisman hizo pocos días antes de morir contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D'Elía, Fernando Esteche y el camporista Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros. Los acusó de encubrir a los autores del atentado contra la AMIA mediante la firma de un acuerdo con Irán.

Después de que dos fiscales, Gerardo Pollicita y Germán Moldes, promovieron la investigación de la denuncia de su colega ya muerto, tres jueces (uno de primera instancia, Daniel Rafecas, y dos camaristas, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) decidieron cerrarla. El fiscal de Casación, Javier de Luca, militante de Justicia Legítima, se negó a apelar la decisión de Ballestero y Freiler. Pero la parte querellante, que es la DAIA, la institución de mayor representación política de la comunidad judía, logró que los jueces de Casación Roberto Hornos y Mariano Borinsky trataran el tema y fueran categóricos en su decisión de impulsar la investigación. La jueza Ana María Figueroa, el tercer miembro de ese tribunal y cercana al kirchnerismo, acompañó a Hornos y...