Persecución a empresarios

La citación a indagatoria del presidente y de un ex gerente general de Ledesma SA, una de las empresas argentinas más antiguas e importantes, ha conferido notoriedad a este nuevo frente de acción judicial por los hechos de violencia ocurridos en los años 70. La acusación es la de haber presuntamente prestado colaboración a fuerzas policiales en redadas en cercanías de la planta industrial jujeña, que implicaron el apresamiento, la tortura y, en algunos casos, la desaparición o la muerte de personas. La citación comprendió a dos directivos que pueden no haber participado directamente en los episodios, pero a quienes se supone responsables por su posición en la compañía.La presión política sobre la Justicia de ciertos sectores del oficialismo para que condene a dirigentes empresarios en casos referidos a la violencia de los setenta ha crecido enormemente. A esa presión suman su voz varias organizaciones de derechos humanos y otros grupos de activistas. En el caso de Ledesma, la agrupación local Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, ha mostrado un particular empeño en lograr condenas.En forma paralela, con el liderazgo de Axel Kicillof; la coordinación de Esteban Kiper, del Centro de Estudios Políticos de La Cámpora, y la participación de Juan Manuel Vázquez Blanco (USAM, Conicet), se ha desarrollado una investigación sobre supuestos delitos económicos que podrían haberse cometido entre 1976 y 1983. También fue creado, en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores, un grupo que trabaja con idénticos objetivos.Desde 2010 funciona la Dirección de Delitos Económicos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora se propone crear la Secretaría de Delitos Económicos, para que continúe sistemáticamente con estas indagaciones.Existe una lista que abarca a varias empresas y a sus directivos, entre las que se encuentran Loma Negra, Ledesma, Ford, Mercedes-Benz, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Perez Companc, Alpargatas, Celulosa, Socma y el Banco de Italia. Son empresas que tuvieron muertos o desaparecidos entre su personal. Se ha hecho saber que se las investigará para esclarecer si en su momento sus directivos elaboraron listas que hicieran llegar a las autoridades policiales o militares. Esta nueva avanzada se relaciona con la intención de sectores radicalizados del entorno de la Presidenta de hacer llegar la acción punitiva a los funcionarios civiles del Proceso y a los líderes empresarios o intelectuales que le hubieran manifestado...