Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 12 de Octubre de 2017, expediente FCT 003736/2015/CA001

• Fecha de Resolución: 12 de Octubre de 2017
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES Expte. N° 3736/2015/CA1 En la ciudad de Corrientes, a los doce días del mes de octubre del año dos mil diecisiete,

estando reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, D.. Mirta

G. Sotelo de Andreau, S. y R., asistidos por la Sra.

Secretaria de Cámara Dra. C. O. G. de Terrile, tomaron conocimiento del

expediente caratulado “P., J. y Otro c/Universidad Nacional del Nordeste –

UNNE s/Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24.521 Art. 32”, Expte. Nº

3736/2015/CA1 del registro de este tribunal.

Efectuado el sorteo a los fines de determinar el orden de votación resultó el siguiente orden:

Dra. M. de Andreau, Dr. R. y Dra. Selva Angélica

Spessot.

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. M. SOTELO DE ANDREAU

DICE:

CONSIDERANDO:

1. Que a fojas 9/36 y vta. la parte actora interpone recurso de apelación –en los

   términos del art. 32 de la Ley 24521 contra la Resolución Nº 105/15 que fuera dictada por

   el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste, a través de la cual se rechazó

   el Recurso Jerárquico y los planteos de nulidad efectuados contra la Resolución Nº

   1025/13, por la que se ordenó la rescisión del contrato de obra pública por las causales

   establecidas em el art. 50 inc a) supuesto segundo y tercero e inc. e) segundo supuesto.

   Se agravia la parte recurrente en lo sustancial, porque considera que no se ha

   cumplimentado con la norma en cuanto a los plazos procesales otorgados para cumplir con

   la intimación que precedió a la rescisión contractual por parte de la UNNE, lo que le ha

   traído aparejado la violación de garantías constitucionales como el derecho de defensa y la

   garantía de propiedad.

   Aduce que la nulidad absoluta planteada surge de la falsedad de los hechos invocados

   por parte de la administración, violentándose las leyes aplicables y las formas esenciales.

   Expresa que el plazo que debió otorgarse para continuar con las obras era de 10 días

   hábiles.

   Esgrime que la administración nunca intimó a la Empresa a constituir nuevo domicilio,

   conforme lo establece el art. 20 del Decreto Reglamentario 1759.

   Destaca que, al día siguiente de notificada la intimación, la UNNE labró un informe

   constatando el estado de la obra, certificando que continuaba paralizada.

   Narra los hechos en relación a los adelantos financieros solicitados, haciendo mención

   que la realidad dista considerablemente de lo mencionado por la UNNE. El contratista dice

   haber mantenido conversaciones telefónicas con las autoridades de la UNNE en las que se

   acordó el modo de llevar adelante el adelanto de fondos en noviembre de 2012,

   comprometiéndose la Empresa a culminar las obras en un plazo de 90 días de cobrado

   dicho adelanto.

   Destaca que los aducidos adelantos financieros se descontaban del precio pactado en el

   contrato de obra pública, ya que no se había aprobado la redeterminación de precios

   solicitada a la UNNE, siendo esta una cuestión de vital importancia que se había acreditado

   con un informe pericial.

   Sostiene que el principal agravio surge de la violación al derecho de defensa, pues

   relata que las partes se encontraban renegociando los precios a fin de culminar debidamente

   con la obra. A pesar de que el precio de la obra se hubiera fijado de acuerdo al

   procedimiento de ajuste alzado, destaca que éste admite excepciones en cuanto a la

   modificación de los montos fijados, enumerando causales que habilitan a la

   redeterminación, entre ellas la excesiva onerosidad sobreviniente.

   Fecha de firma: 12/10/2017 Alta en sistema: 13/10/2017 Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.O.G. DE TERRILE, SECRETARIA DE CAMARA #27134312#190859198#20171012072123002 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES Funda el retardo de la ejecución de la obra en la negligencia de la administración dado

   que no fueron resueltas tempestivamente las solicitudes de adelantos financieros,

   justificando la “lentitud” en la construcción en la demora de la administración al abonar las

   certificaciones, como también en las dilaciones para dar respuesta al pedido de

   redeterminación de los precios.

   Se agravia en cuanto no se ha garantizado a su parte la totalidad de variaciones de

   costos concurrentes a la realización de la obra, motivo este por el que se ha sobrepasado el

   límite de la continuidad en ejecución de la obra. Destaca que los adelantos financieros

   entregados por la administración no han alcanzado a cubrir la diferencia entre los precios

   pactados y los abonados.

   Sostiene que, al rescindir el contrato, el acta de inventario y avalúo se realizó en pleno

   incumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones pues ha sido confeccionada en forma

   unilateral por la Universidad, sin que se haya citado a la parte, sin designar un perito en la

   materia a fin de efectuar el avalúo de los bienes inventariados. Para concluir, formula

   reforma del Caso Federal.

2. Corrido el traslado de ley, la demandada expresa que esta vía no es la adecuada,

   debiendo el actor haber planteado las pretensiones a través de la acción contenciosa

   administrativa. Expresa que el Recurso del art. 32 de la Ley 24521 es limitado, sin

   admitirse en él la apertura de la causa a pruebas ni discusión de cuestiones de hecho. Alega

   que, en relación al planteo de la liquidación final, debe efectuarse en un marco procesal

   distinto al recurso directo. Resalta la necesidad de contar con mayor amplitud de debate o

   prueba, lo que en esta vía sería de imposible cumplimiento.

   Subsidiariamente, contesta...