Algo más que un pequeño error

"Mala mía", debería reconocer el ministro de Trabajo mientras deposita la renuncia sobre el escritorio del Presidente, en lugar de defender lo indefendible y empujar al Gobierno al desgaste por sostenerlo. El gesto no solo lo enaltecería, sino que fortalecería a la coalición gobernante, incluso a las puertas de unas paritarias que pintan ásperas. Y eso porque confirmaría a un electorado que subió la vara de la transparencia que Cambiemos hace honor a su nombre y que el cambio, como debe ser, empieza por casa. Lo otro es darle pasto al cinismo de la oposición más dura, encarnada por la resistencia K y buena parte del sindicalismo. En medio de sus apuros judiciales, repiten en asados y estrados tribunalicios que Macri encarna la dictadura y encabeza un gobierno de ricos para ricos que dice una cosa y hace la contraria. Vamos mal si lo que era aplicable a la década perdida empieza a asomar, aunque sea en dosis pequeñas, en una administración que se presenta como su contracara.

El Gobierno reconoció el error de Triaca, pero lo ha defendido con el argumento de que es un buen tipo y un excelente ministro. Nadie lo duda. El problema es que siendo ministro de Trabajo insultó a su empleada doméstica con términos que es mejor no reproducir. Habrá sido en forma familiar y en caliente, pero lo que se le puede entender al Triaca hombre común no es lo mismo que se le puede dejar pasar al ministro.

El otro problema, más grave, es que esa misma empleada cobre un sueldo en el SOMU, un sindicato cuya intervención comanda el ministerio de Triaca. Se supo que Triaca impulsó también el ingreso a ese gremio de su cuñado, como asesor externo. Ya era público, por otra parte, que dos hermanas del ministro trabajan en el Estado nacional, así como su esposa. El Gobierno debería tomar nota: tras el kirchnerismo, el concepto de honestidad se ha ampliado. Además de no robar, incluye también no nombrar amigos y familiares para darles un sueldo que pagamos todos y aumenta el déficit.

En la Argentina, paraíso de los asesores, el poder político se mide según la cantidad de cargos públicos que se obtienen y manejan. La vieja historia del Estado como botín, que nos trajo hasta aquí. El SOMU intervenido es una muestra. Canicoba Corral, juez que ordenó la intervención, ubicó allí a su cuñado, un ex funcionario de Scioli que cobra 150.000 pesos mensuales como interventor de la obra social del gremio. El juez colocó también al hijastro de su amigo Guillermo Scarcella, operador...