La peligrosa pulsión por controlarlo todo

El anuncio del gobierno nacional sobre el lanzamiento de un con mayor tecnología dispara, por lo menos, dos dudas tan razonables como preocupantes. La primera es por qué nuestro país ha de embarcarse en la emisión de un nuevo documento, siendo que el DNI ya se ha modificado dos veces en los últimos cuatro años -ésta será la tercera-, y la segunda, por qué ha de contener, además de los de la persona, otros vinculados con su historia clínica, la Anses, el PAMI y la tarjeta SUBE.La explicación que dan las autoridades es por ahora insatisfactoria, pues sólo refieren a la necesidad de simplificar trámites, evitando el papeleo y múltiples identificaciones. Hacer hincapié en esas supuestas ventajas es pueril y riesgoso. Incorporar tecnología vinculada a datos sensibles de las personas, como su condición médica, información sobre la seguridad social y sobre el uso que hacen del sistema de transporte, las torna vulnerables al uso indebido de esos datos, ya sea por parte de privados y del propio Estado.Las políticas masivas de identificación importan una intromisión inaceptable en la vida privada de las personas. Muchos países, que partieron del supuesto de los beneficios del aprovechamiento de una mayor tecnología, decidieron dar marcha atrás. Ocurrió en Inglaterra, en 2010, donde la presión ciudadana impidió que se adoptara un documento como el que se nos obliga a tener a los argentinos desde 2015, a medida que vayan venciendo los vigentes. Lo más curioso es que ni siquiera España -país con el que nuestro gobierno firmó el convenio para el nuevo DNI- incluye tanta información en los documentos de sus ciudadanos.Esa digitalización -como explicó el sociólogo y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad y Visibilidad (Lavits) Andrés Pérez Esquivel- permite construir perfiles sociales y monitorear patrones de movilidad y consumo de la población. Entre los riesgos, también señaló que el decreto de creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios), de 2011, no estipula mecanismos de control institucional ni civiles y que, en principio, todas las fuerzas de seguridad del país pueden acceder a la base de datos biométricos.Un ejemplo de lo dicho resulta más que claro: en 2013, una falla de seguridad hizo que se descargaran en el padrón electoral las fotos de los electores. El Registro Nacional de las Personas admitió el error, pero responsabilizó al Poder Judicial. Mientras tanto, muchos ya se...