Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 17 de Noviembre de 2023, expediente FBB 006675/2022
| Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA |
Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 6675/2022/CA1 – Sala I – Sec. 1
Bahía Blanca, 17 de noviembre de 2023.
VISTO: Este expediente nro. FBB 6675/2022/CA1, caratulado: “PBB POLISUR
S.R.L. c/ ESTADO NACIONAL – AFIP–DGA s/ REPETICIÓN”, venido del
Juzgado Federal nro. 1 de la sede, puesto al acuerdo para resolver el recurso de
apelación interpuesto a f. 497 contra la sentencia de fs. 489/496 del SGJ Lex100.
El señor Juez de Cámara, doctor P.E.L., dijo:
1. El Sr. Juez de grado resolvió: a) rechazar la excepción de
falta de legitimación activa interpuesta por la demandada, por los fundamentos
expuestos; b) hacer lugar a la acción interpuesta por PBB POLISUR S.R.L. declarando
la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del Decreto N° 793/2018 –desde la
fecha de su entrada en vigencia y hasta el momento en que comenzó a regir la ley
27.467– y ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos–Dirección
General de Aduanas (AFIPDGI) la devolución de los derechos de exportación
pagados por los permisos de embarque N 18003 EC01 004372 H ($152.198,84); 18
003 EC01004374 J ($369.359,67); 18 003 EC01 004318 H ($175.949,83), 18 003
EC01 004319 X ($359.639,86), 18 003EC01 004320 A ($359.639,86), 18 003 EC01
004147 H ($308.609,84), 18 003 EC01 004149 J ($460.080,01), 18 003EC01 004086
J ($271.135,46), 18 003 EC01 004150 B ($362.879,95), 18 003 EC01 004152 D
($392.040,17), 18 003 EC01 004155 G ($362.879,95), 18 003 EC01 004156 H
($272.160,16), 18 003 EC01 004157 X ($379.080,03), 18 003 EC01 004158 J
($379.080,03), 18 003 EC01 004159 K ($362.879,95), 18 003 EC01 004160 C
($329.699,87), 18 003 EC01 004183 H ($205.739,81), 18 003 EC01 004098 M
($356.915,08) y 18 003 EC01 004100 T ($189.463,52), con más los intereses que se
calcularán desde la fecha de interposición del reclamo administrativo previo y hasta el
efectivo pago, aplicando según corresponda, la tasa efectiva mensual que
oportunamente fijare la Secretaría de Estado de Hacienda (Resoluciones 314/04,
598/19 y 559/2022, conforme establece el art. 8 de la Res. 598/19); c) imponer las
costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN); y d) diferir la regulación de
honorarios de los profesionales intervinientes hasta que denuncien su situación
previsional y acrediten la impositiva actual.
2. A f. 497 apeló la parte demandada por causarle dicho
decisorio un gravamen irreparable y a fs. 500/524 expresó agravios.
Fecha de firma: 17/11/2023
Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 6675/2022/CA1 – Sala I – Sec. 1
En primer lugar, consideró, que lo aquí decidido impactará,
como mínimo, en las más de sesenta causas que se han promovido al día de la fecha en
esta jurisdicción, número que seguramente irá creciendo, lo que implica un impacto
económico en el Tesoro de la Nación que otorga trascendencia a la cuestión.
Asimismo, señaló que la actora carece de legitimación para
solicitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto N° 793/2018, ya que
consideró que el interés de PBB POLISUR S.R.L. fue satisfecho cuando el comprador
en el exterior saldó la factura de exportación y en el precio de los productos incluyó el
valor de los tributos, por lo que existió una supuesta traslación de tributos. En
consecuencia consideró que no es posible encontrar una conexión con la prueba del
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empobrecimiento y su doctrina, ya que lo que ocurriría es un enriquecimiento sin
causa por parte de la exportadora, tópico que no fue abordado por el a quo.
En cuanto a la delegación legislativa y la incorrecta aplicación
mecánica del Precedente “Camaronera Patagónica” expuso que el Congreso de la
Nación se pronunció en dos oportunidades en sentido positivo respecto de la potestad
del Poder Ejecutivo que hoy se cuestiona, en primer término mediante la ley 26.939
que declaró vigentes las normas de su anexo I entre las que está el art. 755, CA,
mediante el cual el legislador otorgó a quien ejerce la administración del país una
herramienta de política económica que le permita responder a las exigencias
cambiantes de la Nación, y, en segundo lugar, con la sanción de la ley 27.467 donde
no se limitó a ratificar para el futuro el decreto nro. 793/2018, sino que mantuvo su
validez y vigencia, tal como surge de la letra de la norma.
Para el dictado del decreto que nos ocupa, además de las pautas
de ejercicio reconocidas en el apartado 2° del artículo 755 del CA, también se tuvieron
en consideración los límites y lineamientos establecidos por el legislador en materia
fiscal y regulatoria “para asegurar la convergencia fiscal, una política tributaria
eficiente y la reducción paulatina de la carga tributaria”, cf. Ley Nº 27.428,
modificatoria de la Ley Nº 25.917 de Responsabilidad Fiscal, la Ley Nº 27.429 que
aprobó el Consenso Fiscal, la Ley Nº 27.430 de reforma integral del sistema tributario
y la Ley Nº 27.431 que aprobó el presupuesto de la Administración para el ejercicio
2018.
Fecha de firma: 17/11/2023
Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 6675/2022/CA1 – Sala I – Sec. 1
Así, concluyó que no estamos frente a una norma dictada con
apartamiento a la voluntad del legislador sino, por el contrario, que se conforma a ella
en una materia en la cual se previó expresamente esa posibilidad.
Advirtió que el Congreso de la Nación ratificó la vigencia del
artículo 755 del CA en el 2014 un mes después de que la Corte se pronunciara en
Camaronera Patagónica
, y señaló que no cabe la aplicación de dicho precedente al
caso por tratarse de situaciones diferentes, atento a que el Decreto nro. 793/2018 no es
una norma carente de respaldo legal, pues, a diferencia de la Resolución N° 11/02
(MEP), se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la
Ley N° 26.122 que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo
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momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el
Congreso. Dicha normativa no estaba aún vigente al tiempo en que la Corte falló en
dicha causa.
Repasó la “delegación impropia” y su desarrollo constitucional
y jurisprudencial, derivando en que no estamos en presencia de la creación de un
impuesto sin ley que lo autorice ni de un despojo que viole el derecho de propiedad, y
agregaron que la contraria no tachó de inconstitucional la ley 27.467, ni
específicamente el art. 82.
Subsidiariamente, sostuvo que aun cuando no se considere que
el decreto nro. 793/2018 fue dictado en el ejercicio de una facultad delegada, en la
búsqueda de la naturaleza jurídica de la materia tributaria, es evidente que las
propiedades aplicables a la materia impositiva y aduanera no son intercambiables entre
sí, siendo la propia Corte Suprema quien reconoció las normas aduaneras que
autorizan al Poder Ejecutivo a disponer gravámenes (o a desgravar, según el caso),
siempre que fuera a efectos de perseguir determinados objetivos establecidos en la
legislación.
Finalmente, se agravió de la imposición de costas.
3. A fs. 526/533 la parte actora contestó el traslado de los
agravios de la contraparte, por lo que pasaron los autos a sentencia (art. 268 del
CPCCN).
4. Previo a adentrarme al estudio del recurso, considero
pertinente efectuar un breve repaso del contexto fáctico y de la normativa vinculada al
Fecha de firma: 17/11/2023
Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 6675/2022/CA1 – Sala I – Sec. 1
caso de autos. A tal fin, corresponde recordar que la pretensión de la actora gira en
torno a que se declare la inconstitucionalidad del decreto 793/2018 y, en consecuencia,
la revocación de las resoluciones administrativas por las cuales se denegó el pedido de
devolución de las sumas de dinero abonadas en concepto de derechos de exportación
que a su criterio habían sido indebidamente percibidos por el Fisco en relación a las
destinaciones de exportación que se han detallado y que ascienden a $6.049.431,89,
con más intereses y costas. Sustentó dicho reclamo, en la alegada inconstitucionalidad
del decreto N° 793/18. Sostuvo que el precepto cuestionado debía ser invalidado, al
haber creado, por vía de decreto del Poder Ejecutivo, una carga de naturaleza tributaria
que contraviene los principios constitucionales que reservan esa materia al Congreso
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de la Nación (arts. 4, 17, 52 y 75 inc. 1). Por su parte, el demandado defendió la
validez de la norma. Alegando en primer lugar que la actora carecía de legitimación
activa, por cuanto los montos de los tributos abonados habían sido trasladados al
importador o comprador extranjero.
Al respecto, corresponde señalar que ha sido el Máximo
Tribunal de la Nación quien a partir de la doctrina sentada en el Fallo “Petroquímica
Argentina S.A.” (Fallos 297:500) del año 1977 evolucionó hacia una posición que
impone un criterio distinto al propiciado por el apelante, encontrándose ya superada la
tesitura que éste propone. Donde dejó aclarado que: “a) que la acción de repetición de
impuestos no deriva del derecho civil sino de los principios del derecho tributario; b)
que aun cuando quisiera colocarse el asunto en el ámbito civil, la repetición no deriva
del enriquecimiento sin causa sino del pago indebido. Además –y como bien lo ha
explicado la actora– no existe tal cosa como que el sujeto local pagase ‘por cuenta y
orden’ del sujeto del exterior. Y que cuando el Código Aduanero contempla la
posibilidad de aclarar si en el valor FOB se han incluido los derechos de exportación,
ello es a los fines de su detracción para el...
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