Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 16 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 022036960/2013/CA001

• Fecha de Resolución: 16 de Septiembre de 2019
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A 22036960/2013 PAZ, R.J. C/ AFIP-DGA En Mendoza, a los 16 días del mes de setiembre de dos mil diecinueve,

reunidos en acuerdo los Jueces de la S. “A” de la Excma. Cámara Federal de

Apelaciones de Mendoza, D.. M.A.P., Juan Ignacio Pérez

Curci y O.P.A., procedieron a resolver en definitiva estos autos N°

FMZ 22036960/2013/CA1, caratulados “PAZ, R.J. CONTRA

AFIPDGA SOBRE PRESTACIONES MÉDICAS”, venidos a esta Cámara

en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 68 por la actora contra la

sentencia de primera instancia obrante a fs. 64/67, la que se tiene aquí por

reproducida.

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Sobre las cuestiones propuestas el Dr. Manuel

Alberto Pizarro dijo :

1. Que contra la sentencia de fs. 64/67, que rechaza la

   acción incoada, la actora interpone recurso de apelación (v. fs. 68), expresando

   sus agravios a fs. 75/79 y vta.

   Expresa que le produce agravio que el Señor Juez “a

   quo” confirme las sanciones impuestas por el Administrador de la Aduana de

   Mendoza, sin los debidos fundamentos. Se equivoca, tanto al concluir, al final

   del considerando I de su sentencia, que no se aprecia ilegitimidad ni

   arbitrariedad en el obrar administrativo como también al decir que la

   resolución es legítima que el Administrador de la Aduana obró conforme a

   derecho en lo que respecta a la tramitación del sumario y al dictado de la

   resolución.

   Fecha de firma: 16/09/2019 Alta en sistema: 18/09/2019 Firmado por: O.P.A., JUEZA DE CÁMARA Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: R.H.M., SECRETARIO DE CAMARA #8405697#243787532#20190909110617815 Sostiene que el Señor Juez “a quo” consideró que la

   acusación formulada tanto en la resolución de apertura del sumario como en la

   corrida de vista fue precisa porque el Administrador de la Aduana consignó en

   ellas como calificación jurídica de los hechos el artículo 947 del Código

   Aduanero. Pero, desemboca en ese error de apreciación porque parte de una

   premisa falsa, ya que en los considerandos dice que “… esta infracción de

   contrabando menor tipifica en forma similar al delito de contrabando…” (cfr.

   considerando I de la sentencia) cuando en realidad, el artículo 947 del Código

   Aduanero por el contrario de lo afirmado por aquél, tipifica en forma idéntica

   al delito de contrabando.

   Que por ese mismo error, omitió considerar que no

   existe un solo tipo objetivo de contrabando sino que existen varios, como así

   también existen varios tipos subjetivos de contrabando.

   Que tanto la resolución de apertura del sumario como

   la providencia de corrida de vista, al contener una referencia genérica al

   artículo 947 del Código Aduanero sin la indicación específica del tipo objetivo

   y subjetivo de contrabando que se le endilgara, no constituyó ni la acusación

   detallada que exige el artículo 8, numeral 2, inciso b de la CONVENCIÓN

   AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSE

   DE COSTA RICA) ni la concesión del medio adecuado para la preparación de

   la defensa que exige el articulo 8 numeral 2 inciso c del mismo tratado

   internacional.

   Es que, las defensas a oponer entre el supuesto del

   artículo 863 o de los distintos supuestos del artículo 864 son mutuamente

   excluyentes, en lo que concierne al tipo subjetivo. A más de que no le

   corresponde a su parte encuadrar los hechos pudiendo verse desbaratada su

   defensa.

   Que los defectos apuntados en la vista previa que se le

   corriera a su parte de conformidad con lo establecido en el art. 1101, vulnera

   el ejercicio de defensa, por ende, los defectos apuntados de la misma, y de la

   resolución de apertura del sumario, apuntados por su parte desde el primer

   Fecha de firma: 16/09/2019 Alta en sistema: 18/09/2019 Firmado por: O.P.A., JUEZA DE CÁMARA Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: R.H.M., SECRETARIO DE CAMARA #8405697#243787532#20190909110617815 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A momento, determinan la nulidad de la resolución que fuera objeto de

   demanda, en los términos de los artículo 7 inciso d) y 14 inciso b) de la Ley

   Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 (en adelante LNPA).

   Es decir, la sentencia no explica las razones por las que

   cabe considerar que la acusación que le formuló la Aduana en el sumario fue

   detallada, cuando el artículo 947 del Código Aduanero remite y/o se integra

   con la multitud de tipos objetivos y subjetivos y en ella no se precisaba

   ninguno, siendo ello, una cuestión esencial para determinar, no sólo la validez

   del sumario, sino también la legitimidad de lo actuado por la Aduana, como

   así también determinar el modo en que se afectó el derecho a la defensa.

   Que la sentencia contiene una fundamentación

   aparente

   .

   Que recién en la sentencia se expresa que el delito de

   contrabando imputado es el artículo 863 del Código Aduanero en función de

   su artículo 947, y habiendo sido el objeto de su demanda la nulidad de lo

   resuelto, esta instancia no es la adecuada para defenderse y ofrecer pruebas, lo

   que denota la invalidez de la sentencia del “a quo” y por ende, de lo resuelto

   por el Administrador de la Aduana.

   Que no surge acreditada ninguna “adulteración” como

   afirma el “a quo” y que el solo hecho de que aparezca un televisor con dos

   etiquetas, más, la ausencia de alegación de dificultad alguna por parte del

   inspector aduanero para dar con la realidad, son aspectos que, a la luz de los

   artículos 895 y 898 del Código Aduanero, deben hacerse valer en su favor.

   Por último, y en subsidio y para el hipotético caso que

   no se revoque la sentencia y por ende la resolución aduanera, le produce

   agravio que el Señor Juez “a quo” haya regulado en forma ilegítima los

   honorarios de los letrados de la demandada, prescindiendo de la Ley Nº

   21.839 (vigente en aquel momento), e incluso, arremetiendo contra ella.

   Advierte que, el Señor Juez liquidó honorarios sobre la

   base del valor de la multa más intereses posteriores a la demanda y no explico

   Fecha de firma: 16/09/2019 Alta en sistema: 18/09/2019 Firmado por: O.P.A., JUEZA DE CÁMARA Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: R.H.M., SECRETARIO DE CAMARA #8405697#243787532#20190909110617815 el motivo de la asignación de los porcentuales de regulación sin siquiera citar

   las disposiciones legales aplicadas.

   A continuación, el “a quo” determinó, en forma

   totalmente inmotivada, el 8 % al letrado de la actora y el 12 % más el 30% de

   ese 12 % a los letrados de la demandada. En tanto nuestra Corte Suprema

   manda que los Señores Jueces resuelvan según la ley vigente al momento de

   dictar sentencia, solicita que, por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº

   27.423 (ley de honorarios vigente) se tenga a bien anularla y mandar a dictar

   una nueva.

   Ello así porque, primero, no es una cuestión novedosa

   que las “multas” cuando son recurridas ante la Justicia, durante la

   sustanciación de la revisión, no generan intereses sino recién después de

   confirmadas por la Justicia, dado su carácter de pena (artículo 924 del Código

   Aduanero).

   Segundo, porque aun cuando correspondiera computar

   los intereses de aquella...