Paso necesario para terminar con la industria del juicio laboral

Con la sanción parlamentaria de la reforma del sistema de riesgos del trabajo concretada días atrás, es de esperar que progresivamente se ponga fin a una industria del juicio vinculada a los accidentes laborales que les ha hecho demasiado mal a la seguridad jurídica y a la previsibilidad económica, al tiempo que lejos estuvo de beneficiar a los trabajadores.

El mejor indicador del descalabro al que ha llevado esta industria con características mafiosas es que durante los últimos años, mientras los accidentes de trabajo y el número de personas fallecidas en estas circunstancias experimentaron una fuerte baja, las demandas judiciales no dejaron de crecer.

En el transcurso de 2016 se registró un récord de 127.500 demandas, una cifra superior en un 20% a la del año anterior, concentradas notoriamente en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires.

El sistema de riesgos laborales comenzó a funcionar hace veinte años, con la creación de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Muchas han sido las críticas que se les formularon; sin embargo, desde entonces se produjeron una caída en la accidentalidad superior al 30% y un descenso del 70% en la mortalidad, merced a mejoras en la prevención. Del mismo modo, se garantizaron indemnizaciones por accidentes de trabajo que hoy son ajustadas automáticamente, además de una atención médica integral de por vida, sin topes ni límites.

De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), se producen unos 650.000 accidentes y enfermedades profesionales por año, un número que estaría en línea con los estándares internacionales. Sólo el 10% del total registra algún nivel de incapacidad remanente, que el sistema atiende con medicación y tratamientos de por vida y/o con las indemnizaciones que corresponden por ley.

Paradójicamente, pese a estas mejoras, la acumulación de juicios no ha hecho más que generar el colapso de los tribunales laborales. A esta situación han contribuido las diferentes interpretaciones judiciales y la disparidad pericial, que terminó alimentando las demandas y alentando esta vil industria, enemiga de las inversiones y causa en buena medida de la imprevisibilidad.

La ley recientemente aprobada busca terminar con esa elevada litigiosidad mediante la instrumentación del carácter "obligatorio y excluyente" de comisiones médicas jurisdiccionales -una de primera instancia y otra central, de apelación- para el inicio del trámite administrativo luego de...