Partido Unión por la Rioja - Distrito la Rioja

Fecha de la disposición:13 de Junio de 2007
 
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anhela que prime el camino del orden, la paz y la esperanza en procura de realizar la grandeza nacional, aventando las pasiones, las banderas del odio o del resentimiento, mirando hacia adelante y teniendo a la Patria como única y exclusiva destinaría de todos los afanes que nos convoca, afirmando nuestra fe en el país y en su destino, seguros de que con la cooperación de todos los sectores de la vida provincial, que en estas horas históricas sientan la necesidad impostergable de asuran la responsabilidad de contribuir a forjar una Argentina despojada de sistemas e intereses espurios y antinacionales, que la han demorado en su progreso y estancado en su proyección de grandeza, y se cumpla así este anhelo insobornable de la inmensa mayoría de los argentinos, que demostró en estas últimas elecciones nacionales la madurez política para elegir a sus representantes para que los gobierne.

El nuevo orden y los nuevos sistema en el mundo, que con la globalización se avizora, debe fundarse sobre principios de libertad, democracia y justicia, rescatanto el sentido profundo de los dos primeros, para que dejen de constituir en sus invocaciones, instrumentos precisamente de la justicia y desfraudación de la voluntad del pueblo, y con tanta falsía, las esgrimen las obligaciones explotadoras y las minorías antipopulares, la democracia, debe ser integral pues su aspecto exclusivamente político, no constituyen sino un medio para llegar al gobierno para servir al pueblo, pero no para la conquista del poder y arovecharse de él, porque sin él, no existe incidencias positivas y concretas sobre los principios que deben regir la vida social, y el desenvolvimiento pleno de las economías provinciales y nacionales.

Nuestra concepción de la libertad, repugna a su vez, con el vacuo planteo del liberalismo, pues no cabe concebir la autonomía de ser y de la comunidad social, como no sea mediante el equilibrio entre la libertad y la seguridad humana, con vista al bienestar del pueblo.

En el ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional debe ser el estatus fundamental y básico que recoja y posibilite la ejecución de todos nuestros anhelos. Su acatamiento es obligatorio para todas las fuerzas creadoras de la Provincia, pues en el respeto de la ley y el orden jurídico establecido, descansa la paz, el, derecho y la justicia. El respeto a la ley y al orden jurídico, es inherente a los poderes establecidos por el pueblo mismo. Nuestros Principios, se asientan en la sustancia popular y en la validez legal de la Constitución Nacional y Provincial. Por consiguiente, las reformas que se introdujeron y que se pueden repetir, deben ser también de origen legal y por desición popular, mediante el sistema democrático, y dentro de las previsiones que la misma Carta Magna prevee.

Sostenemos el afianzamiento de las instituciones representantivas, republicanas de gobierno, con un auténtico equilibrio y división de los poderes, complementadas con las nuevas que requieran la organización de una sociedad moderna, actual y futura, y la defensa de la libertad del Derecho y del sistema democrático, como así el respeto a la Justicia y a los sagrados derechos que emanan de la personalidad y dignidad humana y apoyamos un Federalismo corno proyección de la realidad socio-política-argentina, autonomías provinciales y el régimen municipal autónomo.

Los grandes principios que constituyen el fondo de nuestra Doctrina Constitucional, conforman entre otros, la intangibilidad de nuestra Soberanía Política, fundada en la libertad Política-Económica y en la Justicia Social y en su consecuencia, se propiciarán leyes que reafirmen esos principios. La Reforma y modernización de los Códigos de fondo y de forma, serán de preferente atención, a fin de asegurar una justicia eficaz, rápida y económica, con sentido y tecnicismo jurídico moderno y humanitario. Declaramos la imperiosa necesidad de la derogación de toda la legislación represiva, como así reclamamos el repudio a cualquier manifestación a favor del particular.

Sin la presencia del pueblo, en las grandes desiciones y soluciones nacionales, será vano el intento de recuperar las quiebras materiales, morales y espirituales que padece la Nación. Por eso y en consecuencia, toda acción política debe fundarse en la consulta honesta y democrática de toda la ciudadanía sin trampas ni angaños, a través de corrientes de opinión, traducidos en Partidos Políticos Democráticos, los que dentro de un sistema pluripartidista gocen con absoluta libertad, el amplio desenvolvimiento de sus ideas y finalidades, como así el respeto y total garantía para la expresión y divulgación de sus Principios.

Propugnamos la institucionalización y reconocimiento de todas las corrientes de opinión, sin trabas, proscripciones ni vetos a sus candidatos, o discriminaciones ideológicas, con la sola limitación de que dichas agrupaciones 'que deben ser consideradas como de Bien Público, sostendrán la adhesión a los fines y propósitos de la Constitución Nacional y Provincial y de las instituciones representativas Republicanas de Gobierno con sentido federalista, acatamiento a los Derechos y libertadas y al orden jurídico establecido, con especial referencia a los Derechos Humanos y al sistema democrático de Gobierno, el cual deberán practicar en sus organizaciones internas, mediante el voto secreto de sus afiliados en elecciones periódicas de renovación de autoridades directivas, con participación de las minorías, y que por último' no auspicien la violencia' como medio de lucha política, para llegar a los gobiernos'.

Como aporte seguro de renovación espiritual y moral a que aspira la República, propiciamos la participación activa de la juventud, hombres y mujeres, en la vida política provincial, a fin de aprovechar sus capacidades creadoras y medios para terminar definitivamente con viejas prácticas y antinomias que han dividido y extorsionado al país y a la provincia.

Auspiciamos la reforma electoral, con miras de ajustar la fidelidad de las decisiones populares.

Sanciones severas para el fraude en todos sus formas y manifestaciones, ya sea mediante la acción psicológica, tendiente a confundir o engañar al pueblo, o torciendo su libre determinación y voluntad mediante violencias o maquinaciones y manipulaciones que pueden alterarlas o impedirlas.

Cualquier proscripción a partidos políticos o vetos a sus candidatos, que no estuvieran justificados en las leyes electorales nacional y provincial, serán consideradas como desviación fraudulenta del poder que así lo decida, y sus autores y auspiciadores serán pasible de las máximas penalidades que la Ley especial prevea.

Reclamamos y apoyaremos la incompatibilidad absoluta para el ejercicio de cargos electorales públicos o funciones ejecutivas y/o administrativas en Organismo del Estado, autárquicos o descentralizados, para quienes fueran gerentes, apoderados, representantes, consultores, asesores o gestores, o de quienes directa o indirectamente tuvieran...

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