Obligan a difundir los indicadores sociales

Estadísticas. Política. Muerte. Oscar Sánchez, el joven qom que vivía en El Impenetrable, tenía 14 años y pesaba 11 kilos cuando murió. Su caso volvió a encender el debate nacional sobre la pobreza cuando falta menos de una semana para las elecciones en Chaco. Los números no son inocentes: para el Indec, en 2013 (último dato disponible), había sólo 4,8% de pobres en Gran Resistencia. El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) mide en la actualidad 48,1% en el distrito que gobierna Jorge Capitanich, el funcionario que se encargó de explicar que "por problemas de empalme" ningún argentino tendría derecho a conocer esa realidad.

La Justicia sumó ayer un nuevo ingrediente. Tomando como fundamento un decreto firmado por Néstor Kirchner, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento pidió ayer al Gobierno explicar en cinco días por qué no publica datos de pobreza desde 2013.

Además, gracias a una acción de amparo interpuesta por la diputada Victoria Donda, el Ministerio de Economía deberá informar por qué no difunde los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones del Ipcnu desde febrero de 2014.

La magistrada -la misma que en 2010 ratificó a Martín Redrado en el Banco Central en el escándalo por el Fondo del Bicentenario- libró ayer un oficio a la cartera que dirige Axel Kicillof para que informe sobre la omisión que invocó Donda. No obstante, el ministro ya había afirmado que el organismo estadístico bajo su comando no difundirá ese dato para no "estigmatizar" a los pobres. En esa cartera dijeron a LA NACION que aún no habían sido notificados y que lo único que se les exige es que argumenten lo que actualmente hace el Indec, lo que no implica una orden efectiva de la Justicia de informar cuántos pobres hay en el país.

La jueza dio lugar a la acción de la candidata de Progresistas luego de que el área de legales del Palacio de Hacienda le negara un pedido de informe a Donda bajo el fundamento de que su derecho no era afectado. No obstante, Sarmiento amplió la interpretación de la ley basándose en el decreto 1172 de 2003 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner sobre el acceso a la información pública que ratificó: "Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado"...