Nuevo impulso a la investigación de los fondos de campaña

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ayer un nuevo allanamiento en busca de material para investigar una arista clave de la causa por la mafia de los medicamentos: la presunta vinculación entre el tráfico de remedios y el financiamiento de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia.El documento buscado es una declaración, ante escribano público, hecha en 2008 por el empresario farmacéutico Gabriel Brito, en la que ratifica haber realizado un aporte de 310.000 pesos al kirchnerismo. Ante la Justicia, Brito, que está preso, dijo que aquella declaración la hizo obligado. Sostuvo que el Frente para la Victoria usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (también preso por el tráfico de medicamentos) para justificar el ingreso de fondos a la campaña. Brito dijo que después, en las oficinas de Héctor Capaccioli -ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña electoral-, lo forzaron a firmar, ante la escribana Sandra Rey, que el aporte había sido voluntario. En el kirchnerismo afirman que todo esto es falso y que tanto la donación como la ratificación las hizo porque quiso.El allanamiento de ayer se realizó en la escribanía de Rey, en Montevideo 1192. La policía no sólo tenía orden de secuestrar el documento de Brito, sino también cualquier otra constancia notarial vinculada con aportes electorales, lo que da cuenta de la intención de Oyarbide de avanzar sobre el nexo entre los traficantes de remedios y el financiamiento de la campaña Kirchner-Cobos. En 2010, el juez citó a declarar a Capaccioli como acusado. Entonces hizo pública su sospecha de que la recolección del fondos proselitistas había funcionado como una "pantalla" para el lavado de dinero proveniente de negocios oscuros entre el Estado y obras sociales sindicales.Según informaron a La Nacion fuentes de la causa, durante el operativo de ayer se encontraron otras siete ratificaciones de aportantes en el protocolo de la escribanía, que se secuestró. Además, la División de Unidad Técnica del Delito de la Policía se llevó la computadora con el soporte informático de las actas. El operativo empezó a las 15 y duró más de cuatro horas.LA NACION se comunicó ayer con la escribana, que no quiso hablar sobre el caso. En Tribunales, ella había sostenido que la ratificación de Brito se había hecho en su oficina, no en la Superintendencia. Ayer, una fuente del Gobierno le restó importancia al tema: "La ley no prohíbe que se certifique una firma...