Con el nuevo Consenso Fiscal, ¿sube la presión impositiva en las provincias?

El presidente Alberto Fernández firma el texto del Consenso Fiscal, que es celebrado por e ministro del Interior, Wado de Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur

Casi con las campanadas de fin de año, un mes atrás todos los gobernadores -con excepción del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta- firmaron el Consenso Fiscal con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En 2017 se había firmado otro pacto vinculado con los impuestos y los números de las cuentas públicas, pero había quedado abandonado al año. Los objetivos de hacer un camino de reducción de carga tributaria, de debatir una nueva ley de coparticipación y de eliminar los subsidios para la zona del AMBA quedaron entonces truncos. En el texto firmado recientemente ni siquiera aparecen los dos últimos puntos. Y se agrega la propuesta de que las provincias establezcan impuestos a la herencia, con la mayor presión fiscal que ello conllevaría.

Las propias provincias impulsaron un nuevo pacto que prorrogara el freno a la baja de alícuotas en Ingresos Brutos (IIBB). De otra manera, debían denunciar lo antes firmado, porque podían enfrentar demandas judiciales por no cumplir las reducciones de la carga fiscal que se habían previsto en 2017. El acuerdo actual, que ahora será tratado en el Congreso Nacional, establece topes para las alícuotas que son más altas que las que habría ahora si no se hubiera cancelado la ruta descendente.

Los distritos con alícuotas superiores a esos límites deberán bajarlas y el resto podría subirlas. En función de las existentes en 2021 para las 13 actividades económicas alcanzadas por IIBB, hay margen para un alza en la mayoría de los casos.

Un trabajo elaborado por la consultora Politikon Chaco analiza cómo es la estructura vigente y cuáles son las posibilidades de cambios. No está incluida la Ciudad de Buenos Aires porque no firmó el acuerdo. La Pampa y San Luis no lo hicieron, porque tampoco suscribieron el de 2017. En cada caso se establece qué alícuota se especificaba para este año en el acuerdo original.

En agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura, el tope de alícuota es de 0,75% (la actividad estaría exenta si se hubiera respetado el pacto de 2017). Jujuy la tiene en ese nivel; están por encima Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco. Las otras 17 provincias están por debajo del valor tope y, entonces, podrían subirlas.

En el caso de la industria manufacturera, el máximo se fijó en 1,5% (hubiera quedado exenta según lo acordado antes). Misiones, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Jujuy deberán bajar la alícuota; las otras 18 provincias podrían subirla.

Para la industria papelera el límite es de 6% (sería de 3%); solo Santa Cruz tiene un valor mayor, por lo cual hay margen para que 22 provincias dispongan incrementos.

En el caso de la construcción , con un tope del 2,5% (debería ser de 2%), La Pampa, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, San Luis y Salta están por arriba; el resto tiene posibilidad de incrementar la presión impositiva.

Para el comercio mayorista, minorista y los servicios de reparaciones el techo es de 5% (coincide con el fijado en 2017), un nivel que está por arriba...