Límite al totalitarismo

 
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Hay pasos tan grandes que en un primer momento cuesta adquirir una cabal noción de su magnitud. Es lo que ocurre con el admirable fallo con el que ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo abortó el desenfrenado intento del Gobierno para subordinar por completo a la Justicia, sino que brindó una valiente lección de constitucionalidad, civismo y republicanismo al declarar inconstitucionales cuatro artículos fundamentales de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por el oficialismo.El máximo tribunal no resolvió sobre la totalidad del paquete de leyes con las que el kirchnerismo procura el sometimiento de los jueces. Lo hizo sólo respecto de la elección popular de los consejeros que iban a representar en el Consejo de la Magistratura a los jueces, abogados y académicos; la rechazó de plano y dejó sin efecto el decreto que convocaba a esas elecciones.La medida, aclararon los jueces, de ninguna manera afectará el proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales. También sostuvieron que las modificaciones respecto del quórum del Consejo y la composición de las comisiones son "inaplicables" y mantuvieron la vigencia del régimen anterior.Esa disposición que contenía la ley iba a permitirle al órgano seleccionar y disciplinar a los jueces mediante una simple mayoría de sus miembros, lo que hubiera obrado como un factor de amedrentamiento de los magistrados por parte del poder político.Como sostuvimos en esta columna, de haber prosperado la iniciativa del Gobierno, la elección y remoción de los jueces habría quedado en manos de consejeros seleccionados por los partidos políticos y, cabe deducir, proclives a obedecer los lineamientos de sus respectivas fuerzas políticas. De esa manera, los jueces en ejercicio habrían quedado a merced de un consejo politizado y, obviamente, dominado por el oficialismo de turno.Al plasmar su rechazo, el máximo tribunal del país ha hecho docencia mediante frases dirigidas al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, destacó que el control de constitucionalidad que realizan los jueces "es legítimo". Agregó que la Constitución busca equilibrar el poder para limitarlo y, en una frase que no deja lugar a dudas acerca de sus destinatarios, afirmó que no es posible invocar la defensa de la voluntad popular con la finalidad de desconocer el orden jurídico, "puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional"."El Poder Judicial -aclaró la Corte- tiene la...

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