Con un mínimo de dignidad, Gils Carbó debería renunciar

Si bien desde un principio existieron fundadas críticas a la elección de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación, su deplorable actuación ha superado ampliamente aquellas primeras objeciones.

En pocos meses, la procuradora se convirtió en jefa de la justicia militante kirchnerista con medidas que, lejos de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, marcharon en el sentido opuesto. No se limitó a proteger corruptos negociados de funcionarios, sino que desplegó un planificado intento por colonizar el Ministerio Público, incorporando cientos de personas cuyo único activo de relevancia era el de ser fanáticas funcionales al Estado populista corrupto que impuso el matrimonio Kirchner.

Mientras se vaciaban las arcas del Estado y se distribuían prebendas, privilegios y subsidios entre amigos del poder, la doctora Gils Carbó organizaba jornadas de debate y reflexión con la activa participación de miembros de la agrupación de jueces y fiscales de Justicia Legítima, creada con el objeto de consolidar la hegemonía de la ex presidenta y de someter al Poder Judicial a sus designios.

El plan incluyó el sistemático y viciado nombramiento de fiscales mediante concursos simulados, en violación de la ley, incluso convocando a llenar vacantes que aún no existían, en lugares alejados del país, lo que aseguraba la nula participación de interesados, para luego ubicar estratégicamente a los ganadores en fiscalías con expedientes políticamente sensibles. Esto dio lugar a magistrados itinerantes que recorrían distintas ciudades no para hacer justicia, sino para dar respuesta a las necesidades de la política partidaria.

Con esa misma finalidad, la procuradora dejó sin efecto el tradicional sistema de sorteo público como forma de designar a los integrantes de los tribunales en los concursos públicos para acceder al cargo de fiscal. Ese objetivo y transparente mecanismo se vio sustituido por una decisión "a dedo" que le garantizaba colocar a sus acólitos. No es un dato menor que quienes en más ocasiones fueron designados para esos jurados de selección fueron fiscales integrantes de Justicia Legítima o, de algún otro modo, estrechamente vinculados a la procuradora.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en el precedente "Hughes", declaró la inconstitucionalidad del sistema de selección impuesto por Gils Carbó, entendiendo que éste no era objetivo ni transparente e incumplía con tratados internacionales de derechos...