A mayor información, menor corrupción

Hace exactamente un año se publicó en el Boletín Oficial la ley de acceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía el derecho de conocer e involucrarse en las decisiones políticas y públicas, como también de ejercer un control sobre los diferentes poderes del Estado. Esa ley entrará en vigor hoy.

La comunidad internacional venía insistiendo desde hace mucho tiempo en la necesidad de asumir un compromiso universal con la libertad de información por la relevancia fundamental que reviste este derecho. Hasta la promulgación de esta ley, la Argentina era uno de los pocos países de América latina que no habían diseñado una norma que asegurara y garantizara el acceso a la información.

Dos días antes de su entrada en vigor, un decreto de necesidad y urgencia modificó la ley en lo referido a las funciones de la Agencia de Acceso a la Información, que, como informó LA NACION, no sólo será el órgano de control de la norma, sino que también se deberá enfocar en la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios.

Los diferentes países de la región ya habían promulgado leyes de libertad de información, transparencia y acceso a la información pública: Colombia, por ejemplo, se convirtió, en 1985, en el primer país latinoamericano en reconocer el derecho de los ciudadanos a la información; luego lo harían México (2002), Chile (2008) y, más recientemente, Brasil (2011).

Esta necesaria normativa, que obliga a la administración pública, a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura, entre otros, a brindar información pública a la sociedad se erige, sin ninguna duda, como una herramienta fundamental a los fines de transparentar los actos de gobierno, prevenir la corrupción y, en consecuencia, reprimir con mayor eficacia este delito.

Una participación ciudadana efectiva es posible cuando desde el Estado se garantiza el derecho de acceder a la información pública, se rinden cuentas, se crean espacios para implicar a los ciudadanos y se facilita el derecho de preguntar.

La mayor transparencia de las instituciones y el deber de rendir cuentas por parte de los funcionarios que las integran no sólo fortalecen de manera directa el sistema democrático de gobierno, sino que también transmiten confianza y tranquilidad a la sociedad civil, que demanda una actuación abierta, ética y honesta de quienes la representan. En definitiva, contribuyen a...