Malestar con un juez que excarcela a delincuentes que vuelven al delito

MAR DEL PLATA.- No tuvo dudas el custodio del local comercial donde quedó la vidriera perforada por un proyectil, en la vereda de enfrente. "Le tiró a mi compañero porque lo reconoció del Servicio", dijo sin dudar el también agente penitenciario. Y no se equivocó. El hombre que hace poco más de un mes, a media tarde, intentó asaltar la tesorería del Hospital Privado de la Comunidad (HPC) cumplía una pena de 23 años de prisión por asesinar a un policía en 2002 y estaba en su día semanal libre de salidas transitorias.

Diego Armoa Reyes había accedido al beneficio a comienzos de año por resolución del juez de Ejecución Penal N° 2, Juan Galarreta, aun cuando los informes de los equipos interdisciplinarios de la Unidad Penal XV-donde cumplía la pena- consideraban inconveniente la medida.

El hecho sacó a la luz otros casos con intervención de Galarreta en los que más convictos, también con acceso al mismo programa y misma recomendación negativa de profesionales, fueron capturados en flagrancia, están fugados o, como en uno de los casos, asesinado. Se supo que la actuación del juez estaría siendo estudiada en el Ministerio de Justicia provincial.

"Les pido a los jueces que actúen con responsabilidad y sentido común", reclamó el secretario de Seguridad municipal, Rodolfo Iriart, y, sin dar nombres, destacó que algunos de ellos "no tienen el compromiso que el momento y la comunidad exigen".

El juez Galarreta afirmó a LA NACION que en sus resoluciones "no hay oscurantismo ni sospechas". Recordó que desde 2010 instrumentó que las audiencias de ejecución penal sean "abiertas al público" y que en todos los casos volcó fundamentos con remisión a la Constitución, tratados internacionales y el marco normativo de la ley provincial de ejecución penal. "No me he apartado ni un centímetro de eso", sostuvo.

Recordó que dictámenes del Grupo de Admisión y Seguimiento del penal, así como de la Junta de Clasificación, conformada por autoridades de esa unidad, no son vinculantes. "Puedo coincidir con ellos o no", aclaró. Y agregó que todas sus resoluciones "tienen consentimiento previo del Ministerio Público Fiscal".

Armoa Reyes asesinó al oficial Juan Manuel López Araya en agosto de 2002. Lo condenaron a 30 años de prisión y un tribunal superior le bajó la pena a 23. Juan Carlos Pili Santín tenía por delante cuatro años y diez meses de cárcel por robo agravado. También accedió a las salidas transitorias y, ya fugado en enero y con pedido de captura, en marzo fue...