Macri y la Corte, sin vencedores ni vencidos

¿La Corte Suprema le asestó al Presidente una derrota en el conflicto tarifario? No. ¿Macri puede decir, en cambio, que se ha llevado un triunfo notable? Tampoco. Sin embargo, el problema se resolvió (hasta donde se resolvió) sin condenar al Gobierno a enfrentar una monumental crisis política y económica. Conservado el 74 por ciento de los aumentos que fijó, la administración tiene todavía la posibilidad de recuperar la mitad de lo que teóricamente perdió con el 26 por ciento restante. Ésa era la cuestión central para el Gobierno y lo que consiguió, en verdad, no es poco. La administración se dejó llevar por la primera información (surgida -es cierto- de una comunicación sesgada de la propia Corte) y se enfureció ante lo que parecía un desastre. Un día después, el viernes, cuando leyó todos los dictámenes del tribunal, cambió su inicial ofuscación. "Ganamos la batalla. Falta ganar la guerra", concluyó. El enfado ya no estaba.

El Gobierno está obligado a un balance. Debería tomar nota de los dos principales errores que cometió en este proceso y que permitieron que las cosas llegaran hasta el borde del abismo. El primero de ellos fue no haber citado a las audiencias públicas que la ley ordena claramente para informar sobre los aumentos de las tarifas. Es también un mandato de la Constitución, según la reforma de 1994. De hecho, las divergencias de los jueces se limitaron a los que se respaldaron en la ley de 1992 (Lorenzetti y Highton de Nolasco), que estableció audiencias informativas sólo para el transporte y la distribución, y los que argumentaron con el mandato de la Constitución (Maqueda y Rosatti), que da a las audiencias un rol más importante. Todos, por lo tanto, dijeron que las audiencias debieron realizarse de una manera u otra. El propio ministro de Justicia, Germán Garavano, hizo una sutil autocrítica del Gobierno por no haber llamado a esas audiencias. El ministerio de Garavano opinó siempre que las audiencias debían realizarse.

El segundo error fue, precisamente, llenar los despachos de la Corte de interlocutores diversos. Cada cual se llevaba su propia impresión. Algunos hasta transmitían mensajes contradictorios al tribunal. La administración tiene dos interlocutores a quienes la Corte respeta profesional e institucionalmente. Uno es el propio Garavano y el otro es el procurador general del Tesoro, Juan Carlos Balbín, una especie de abogado defensor de la administración. Sucede que tanto Garavano como Balbín son profesionales...