Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 19 de Septiembre de 2023, expediente FLP 056302/2019/CA001
| Fecha de Resolución | 19 de Septiembre de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA
La Plata, 19 de septiembre de 2023.
AUTOS Y VISTOS: Este expediente FLP
56302/2019/CA1 caratulado “M.R.O. c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”, procedente del Juzgado Federal N° 4 de esta ciudad, Secretaría N° 12.
Y CONSIDERANDO QUE:
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La demanda.
El señor R.O.M. promovió acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos a efectos de que se ordene el cese y devolución de las sumas que le han sido retenidas de sus haberes en concepto de impuesto a las ganancias y se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430, así como de cualquier otra norma jurídica actual o futura que contenga similares términos que las disposiciones impugnadas.
Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar.
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El trámite.
El juez de primera instancia de esta ciudad,
rechazó la medida cautelar solicitada, ordenó el traslado de la demandada, declaró que la acción tramitaría por las normas del proceso sumarísimo (arts.
498 y ccds. del CPCCN) y concedió el beneficio de litigar sin gastos solicitado.
El organismo de recaudación cumplió con el traslado conferido y contestó demanda.
Las partes acordaron prescindir de la celebración de la audiencia del art. 360 CPCCN y la causa se abrió a prueba.
La parte demandada solicitó se declare la negligencia de la prueba solicitada por la actora y el a quo la rechazó.
Fecha de firma: 19/09/2023
Alta en sistema: 20/09/2023
Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA
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Previo a resolver, se le solicitó al actor, con vista a la sanción de la ley 27.617, que acompañe su último recibo de haber y manifieste si actualmente se encuentra alcanzado por el tributo y a la demandada que manifieste si a partir de la sanción de esa norma la actora se encontraba alcanzada por el impuesto.
Ambas partes cumplieron con lo requerido. Del recibo acompañado por la acora surge que el tributo sigue siendo retenido.
Finalmente, pasaron los autos para dictar sentencia.
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La sentencia recurrida.
El juez a quo dictó sentencia en estas actuaciones y rechazó la acción deducida por la parte actora, con costas a la vencida, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes y mandó a integrar la tasa de justicia.
Para resolver en ese sentido, consideró que “el accionante no ha logrado acreditar la especial situación de vulnerabilidad que la Corte tuvo por probada en “G.M.I..
Asimismo, añadió que “a lo largo de su demanda,
el accionante ha omitido indicar y acreditar,
concretamente, cuáles serían en la actualidad las erogaciones que no puede afrontar como consecuencia del pago del tributo y de qué forma el porcentaje retenido por el Estado Nacional -AFIP- en concepto del impuesto,
incide perjudicialmente en su subsistencia o la de su familia, de forma tal que la sola aplicación del impuesto lo convierta en un sujeto vulnerable” y que “El onus probandi -art. 377 del CPCCN-, que no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del litigante, pone a cargo de este último el riesgo de obtener una decisión desfavorable para el supuesto de adoptar una actitud omisiva”.
Fecha de firma: 19/09/2023
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Los agravios.
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva y la AFIP apeló la decisión en materia de honorarios regulados por estimarlos bajos. La AFIP contestó el memorial de la parte actora.
El recurrente actor, en síntesis, se agravió
por entender que: a) el caso se encuadra directamente en la doctrina sentada en “G.” por la Corte Suprema; b)
el a quo no ponderó adecuadamente, a la luz del referido estándar, la situación de vulnerabilidad; y c) la integración de la tasa de justicia.
Por su parte, la AFIP fundó en que los honorarios no pertenecen a sus representantes sino al organismo mandante y cuestionó, por bajos, los regulados por el juez de grado.
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La intervención del Ministerio Público Fiscal.
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Este Tribunal dispuso conferirle vista al Señor Fiscal General, en atención del planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora.
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El representante del Ministerio Público emitió dictamen en el que postuló la revocación de la decisión del juez de grado y la admisión de la demandada del actor.
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Consideración de los agravios.
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El fallo “G., M.I.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
1.1. El cuestionamiento a la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones fue motivo de tratamiento por nuestro máximo tribunal en el precedente “G.” (Fallos: 342:411), sent. del 26-3-
2019, cuya analogía con el caso en tratamiento, hace aconsejable, entonces, exponer lo que la Corte Suprema resolvió y las razones que expuso para hacerlo.
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El voto de la mayoría –el juez R. formuló una disidencia- en lo que aquí interesa expresó:
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Conforme al principio de división de poderes y lo reglado por los arts. 4°, 17 y 75 de la Constitución Nacional, es el Congreso quien tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen,
siempre que -en tal labor- no se infrinjan preceptos constitucionales.
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Sin perjuicio del tratamiento diferenciado que ha realizado el legislador respecto del colectivo de los beneficiarios de prestaciones de la seguridad social, en relación al colectivo de los trabajadores activos, corresponde preguntarse si todos aquellos se encuentran en las mismas circunstancias -como para recibir un tratamiento fiscal igualitario- o si existen condiciones especiales, basadas en un estado de mayor vulnerabilidad (producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad) que permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados,
retirados o subsidiados de otros (énfasis añadido).
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El envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales (énfasis añadido).
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La sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados,
pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido. La falta de consideración de Fecha de firma: 19/09/2023
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esta circunstancia como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja. En esas condiciones el estándar de revisión judicial, según el cual los términos cuantitativos de la pretensión fiscal solo deben ser invalidados en caso de confiscación, no permite dar una adecuada respuesta a la protección constitucional de contribuyentes como los anteriormente descriptos. Ello no supone desterrar el criterio de la “no confiscatoriedad” del tributo como pauta para evaluar la adecuación cuantitativa de un gravamen a la Constitución Nacional, sino advertir que tal examen de validez, centrado exclusivamente en la capacidad contributiva potencial del contribuyente,
ignora otras variables necesarias, fijadas por el propio texto constitucional, para tutelar a quienes se encuentran en tan excepcional situación (énfasis añadido).
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El análisis integral de la capacidad contributiva implica que la equiparación de un jubilado en condiciones de mayor vulnerabilidad con otro que no se encuentra en esa situación, pasa por alto el hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual manera en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero que en el segundo. Dicho de otro modo: la misma capacidad económica -convertida sin más por el legislador en capacidad contributiva- está destinada a rendir en ambos casos de manera diferente, desigualando en la realidad lo que el legislador igualó. Se advierte entonces que la estructura tipificada por el legislador (hecho imponible, deducciones, base imponible y alícuota) termina por subcategorizar mediante un Fecha de firma: 19/09/2023
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criterio estrictamente patrimonial (fijando un mínimo no imponible) a un universo de contribuyentes que, de acuerdo a una realidad que la Constitución obliga a considerar, se presenta heterogéneo.
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La falta de percepción fina respecto de la subcategorización de los jubilados, incorporando los elementos relevantes de la vulnerabilidad a la capacidad económica inicial, se explica por la reiteración de un estándar patrimonial...
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