Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 6 de Junio de 2023, expediente FBB 009202/2022

• Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2023
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 9202/2022/CA1 – Sala I – Sec. 2

Bahía Blanca, 6 de junio de 2023.

VISTO: El expediente nro. FBB 9202/2022/CA1, caratulado: “LOMASCOLO,

N.A. c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS

PUBLICOS (AFIP) s/ACCION MERE DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD” venido del Juzgado Federal nro. 1 de Bahía Blanca,

para resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 119 y 120, contra la sentencia

de fs. 113/118 (foliatura sistema Lex 100).

El señor Juez de Cámara, doctor P.A.C.M., dijo:

1ro.) El Juez de grado resolvió hacer lugar a la demanda

interpuesta por los apoderados de N.A.L. y declarar la

inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias

(art. 82 inc. “c”, t.o. según Decreto N° 824/2019), normas complementarias y

reglamentarias de la misma, como también la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 8 de

la ley 27.617 y ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos que se

abstenga de descontar suma alguna por impuesto a las ganancias sobre el haber

previsional de la actora.

Asimismo, condenó a la demandada a reintegrar al actor las

sumas retenidas por tal concepto por todo el período no prescripto (cinco años desde la

interposición de la demanda) y mientras le hayan sido descontadas desde entonces,

con más los intereses debiendo calcularse los mismos desde la fecha de interposición

de la demanda y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa efectiva mensual que publicó

la AFIP en cumplimiento de la Resolución N° 598/19 y una tasa de interés del 3,84%

mensual, a partir del 01/09/22, conforme la Resolución N° 559/22 del Ministerio de

Economía.

Finalmente, impuso las costas por su orden, de conformidad con

lo resuelto por el Alto Tribunal (art. 68, 2º párrafo del CPCCN).

2do.) Contra dicha decisión a fs. 119 apeló la apoderada de la

demandada, quien expresó sus agravios a fs. 122/133.

Se agravió, en primer lugar, respecto de la naturaleza de la

acción; sostuvo que la acción interpuesta se encuentra limitada pura y exclusivamente

a una declaración de inconstitucionalidad, es decir de certeza y no de condena.

Fecha de firma: 06/06/2023

Alta en sistema: 07/06/2023

Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIO DE CAMARA

36890878#371576414#20230606111812663

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 9202/2022/CA1 – Sala I – Sec. 2

Asimismo, respecto de la constitucionalidad del tributo, sostuvo

que las normas jurídicas cuestionadas en autos superan el control de constitucionalidad

propuesto en demanda, en tanto encuentran su origen en una ley del Congreso de la

Nación (principio de legalidad), y no afecta la integridad de las prestaciones de la

Seguridad Social, ni violenta el principio de no confiscatoriedad.

A su vez, cuestionó la aplicación del antecedente de la CSJN

G. ya que se trata de un caso distinto al que originó el fallo del Cimero Tribunal,

con fundamento en que las circunstancias personales de la Sra. G. tenidas en

consideración por la Corte para decidir, difieren sustancialmente a la del reclamante.

Manifestó que la Corte puso especial consideración sobre las

USO OFICIAL

condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad de jubilados, y que el a

quo asimila sin mayor análisis la situación personal del accionante al caso particular

de G., y que en el caso no se ve configurada la situación de vulnerabilidad de la

parte actora. Sostuvo que de ser admitida la pretensión de la parte actora obtendría una

situación de privilegio respecto del resto de los sujetos pasivos que afrontan el

impuesto.

En subsidio, sostuvo que conforme el precedente “G.” de la

CSJN el reintegro a ordenarse en caso de declararse la inconstitucionalidad de las

normas impugnadas se circunscribe a las sumas retenidas en concepto de impuesto a

las ganancias desde la interposición de la demanda.

En último lugar, requirió que en caso de confirmarse el cese de

retención del gravamen sobre los ingresos de la parte actora, debe ordenarse la

comunicación de dicha medida a quien debiera ser el destinatario de la misma, esto es,

el agente de retención del caso.

3ro.) Por su parte, a fs. 120 interpuso recurso de apelación la

parte actora y a fs. 134/141 presentó memorial de agravios.

Sostuvo que conforme el principio del hecho objetivo de la

derrota, contemplado en nuestro ordenamiento ritual como una regla general que

admite pocas excepciones –también preestablecidas– (conf. CPCC: 68 y ccs.), las

costas debieron imponerse a la demandada vencida ya que se opuso categóricamente y

ofreció resistencia a su pretensión.

Fecha de firma: 06/06/2023

Alta en sistema: 07/06/2023

Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIO DE CAMARA

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Asimismo señaló que no hay razón alguna para mantener la

imposición por su orden que otrora realizara la Corte al resolver “novedosamente”

litigios como el que nos ocupa, toda vez que es dable esperar que a partir de la

doctrina del leal acatamiento que una vez que el Cimero Tribunal admita la

procedencia de pretensiones como las articuladas en autos, los Juzgados y Cámaras

inferiores seguirán su jurisprudencia, lo que torna necesaria y razonable la imposición

de costas al demandado que –pese a conocer tal situación– se sigue resistiendo a las

pretensiones actorales.

4to.) La demandada contestó el traslado conferido a fs. 143/145

y la parte actora hizo lo propio a fs. 146/155.

USO OFICIAL

5to.) La cuestión a dilucidar consiste en determinar si en el caso

sub examine resulta aplicable la retracción del impuesto a las ganancias sobre los

haberes jubilatorios de la actora, regulada por el actual art. 82 inc. c de la ley 20.628 y,

concretamente, si el fallo “G.M.I.” es de aplicación al presente caso aún

con la modificación del impuesto introducida por la ley 27.617.

6to.) Entrando a resolver, corresponde destacar lo resuelto por el

Máximo Tribunal con fecha 26/3/2019 en el fallo “G., María Isabel c/AFIP

s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad

, en el cual se declaró la

inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones

[arts. 23, inc. c), 79, inc. c), 81 y 90 de la ley 20.628, (texto según leyes 27.346 y

27.430)], ordenó a la demandada reintegre a la actora desde el momento de la

interposición de la demanda y hasta su efectivo pago, los montos que se hubieran

retenido por aplicación de las normas descalificadas, y se abstenga de descontar suma

alguna en concepto de impuesto a las ganancias de la prestación previsional, hasta

tanto el congreso legisle sobre ese punto.

En dicho precedente, el Cimero Tribunal, sostuvo que no caben

dudas de la naturaleza eminentemente social del reclamo de la actora, y recordó que el

art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado otorgará los beneficios

de la seguridad social que tendrán carácter integral e irrenunciable, esto es procurar a

los trabajadores los medios para atender a sus necesidades cuando en razón de su

avanzada edad evidencien una disminución de su capacidad de ganancia, y que la

incorporación de los derechos de la seguridad social al catálogo de los derechos del

Fecha de firma: 06/06/2023

Alta en sistema: 07/06/2023

Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.A.C.M., Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIO DE CAMARA

36890878#371576414#20230606111812663

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trabajador en la Constitución Federal apunta a dignificar la vida de los trabajadores

para protegerlos en la incapacidad y en la vejez.

En este orden de ideas, los magistrados manifestaron que la sola

capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los

jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la

vulnerabilidad vital del colectivo concernido, la falta de consideración de esta

circunstancia como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables

con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal

genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando

al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja.

USO OFICIAL

En la misma línea argumentativa se sostuvo que el análisis

integral de la capacidad contributiva implica que la equiparación de un jubilado en

condiciones de mayor vulnerabilidad con otro que no se encuentra en esa situación,

pasa por alto el hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual manera

en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero que en el segundo. Por lo

que advierte que la estructura tipificada por el legislador (hecho imponible,

deducciones, base imponible y alícuota) termina por subcategorizar mediante un

criterio estrictamente patrimonial, (fijado por un mínimo no imponible) a un universo

de contribuyentes que, de acuerdo a una realidad que la constitución obliga a

considerar, se presenta heterogéneo.

Concluyeron que es facultad del poder judicial analizar si el

estándar genérico utilizado por el legislador cumple razonablemente con los principios

constitucionales o si por el contario su aplicación vulnera derechos fundamentales, por

lo que en tal circunstancia se debe declarar la incompatibilidad de la norma con la

constitución en el caso concreto.

Así las cosas, conviene destacar que con posterioridad al dictado

del mencionado fallo el Máximo Tribunal se expidió en una gran cantidad de

sentencias remitiéndose a los fundamentos expuestos en “G., sin analizar

circunstancias particulares de los actores (edad, salud, etc.) que demuestren mayor o

menor vulnerabilidad, no realizó valoraciones concretas del accionante que los ubique

en una situación de vulnerabilidad, remitiéndose solo al precedente.

Fecha de firma: 06/06/2023

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