Libertad sindical es federalización convencional

El presidente Javier Milei en su DNU incorporó reformas laborales; respetar su proyecto de gobierno es respetar la democracia y garantizar la institucionalidad del país, estemos o no de acuerdo, es un reconocimiento a la voluntad popular de quienes lo eligieron como primer mandatario y también a la propia investidura presidencial. Un respeto a la hora de debatir modificaciones que deberá ser mutuo para terminar de garantizar nuestra democracia, como así también el sindicalismo argentino tiene la obligación moral en la defensa de los derechos de los trabajadores presentando propuestas, no amenazas.

La ampliación del período de pruebas de 3 meses a 8 meses, como así también la modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones por una de menor valor, más allá de la acción judicial que las dejó momentáneamente sin efecto, marcó su posicionamiento. Ahora… a la libertad que pregona el Presidente la debería hacer realidad federalizando las discusiones convencionales por provincia o región; sindicatos cordobeses llevando adelante paritarias con el empresariado cordobés, y así replicarlo en todo el país. Cada actividad, como cada provincia, tiene idiosincrasias distintas que se verían reflejadas en esas CCT (convenciones colectivas de trabajo) provinciales o regionales.

Una Argentina inmersa en una espiral inflacionaria y un alto nivel de trabajo informal no da respiro para vislumbrar cómo sería crecer y generar empleo en normalidad, pero es un deber dirigencial adelantarnos a los tiempos para preparar la reinserción laboral y comenzar a trabajar preventivamente en la creación de nuevas herramientas tecnológicas -reconversión laboral- que serán utilizadas por los trabajadores en los empleos que llegan de la mano de la IA. Pero desde una reforma laboral política partidaria es inviable: la ley de Home office promulagada por el Congreso lo demostró: resultó inútil desde lo práctico. Volviendo al DNU, la rotación laboral impuesta por los propios trabajadores hace ver a la ampliación de 3 a 8 meses como una acción de desconfianza del gobierno más que un condicionante temporal para exigir una indemnización, una medida de impacto en los 90, no para estos tiempos.

Indemnización por Renuncia o Cese Laboral (Ley 22.250 - Mejorada). El otro punto de DNU tomado como controvertido es la indemnización, la que se ha tornado desde hace bastante tiempo para el sector empresario pyme en un escollo insalvable y que perjudica directamente a los trabajadores...