La ley que da vueltas y no llega

Se abre la puerta de una oficina, la que tiene mejor ubicación del piso, con vista a los árboles de la avenida. Sentados en una mesa están los presidentes de dos compañías de semillas y agroquímicos. Cualquiera diría que están cerrando los detalles de una operación de compra o de fusión, como las que vienen sacudiendo a la industria en los últimos meses. Frente a la consulta, le aclaran al cronista que no, que nada de eso ocurre, que están ahí para hablar de una preocupación que los une: una industria que podría generar inversiones y miles de puestos de trabajo pero que en la Argentina está en retroceso. Para ellos no deja de ser un hecho paradójico. El país está en una de las pocas regiones del mundo en condiciones de satisfacer el aumento de la demanda de alimentos.

Ambos ejecutivos creen que las semillas están en el centro del debate por el tan mentado "agregado de valor". Coinciden en que sin un reconocimiento a la investigación en desarrollo del mejoramiento genético y biotecnología ese proceso tendrá un tiempo limitado. Los protagonistas de este encuentro son Antonio Aracre, director general de Syngenta Latinoamérica Sur, y Gerardo Bartolomé, presidente de Don Mario.

Una vez que se desenfocó la imagen del conflicto por el pago del canon tecnológico a la soja resistente a insectos de Monsanto la cuestión por la propiedad intelectual en semillas parece quedar nuevamente en las sombras.

Tanto para Aracre como para Bartolomé, éste es el momento ideal para discutir la ley de semillas. "Hay que preguntarse cuántas industrias están en condiciones de generar inversiones y puestos de trabajo en el corto plazo como la nuestra", dice el directivo de Syngenta. Según sus cálculos, tomando como base lo que ocupa el maíz, si hubiera una norma y un sistema que garantizaran el respeto a la propiedad intelectual en autógamas, sólo en soja habría inversiones de los semilleros y los multiplicadores por 1000 millones de dólares y se crearían unos cien mil puestos de trabajo en todo el país. Este impacto positivo se dará si el mercado de semillas pasa de abastecer los 3,5 millones de hectáreas que hoy comprende a la totalidad de la superficie sembrada, por 20 millones de hectáreas.

Por la magnitud de este impacto, según los ejecutivos, la discusión no debiera quedar circunscripta a las entidades gremiales de productores o a las cámaras que representan a las industrias. "También tendría que intervenir el Ministerio de la Producción o las provincias", dice...