La ley de alquileres, camino al intervencionismo

 
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En la sesión maratónica del 20 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado dos iniciativas que marcan una tendencia hacia la mayor intervención estatal en los mercados de bienes y servicios. Se trata de la ley de alquileres y la de góndolas. Ninguna de las dos es excesivamente intrusiva, pero ambas están caracterizadas por regimentar decisiones que hasta hoy resultan de acuerdos entre empresas y personas. Se ha asumido en ambos casos que esos acuerdos pueden estar viciados por falta de competencia y por el aprovechamiento de posiciones dominantes.En el caso de la de alquileres, que fue aprobada con 191 votos positivos, ninguno negativo y 24 abstenciones, se intenta proteger a los inquilinos contra los propietarios. Los legisladores han entendido que el Estado debe concurrir en favor de una de las partes, como si frente a cada vivienda ofrecida hoy hubiera una muchedumbre de personas en inferioridad de condiciones pujando por alquilarla. Nada más alejado de la realidad de los conglomerados urbanos de nuestro país. No suele ser fácil encontrar inquilinos, la vacancia es alta y los alquileres, medidos en moneda constante, han bajado. Se trata de mercados fuertemente competitivos y equilibrados, no solo entre oferentes y demandantes, sino también entre intermediarios. De ahí que cualquier intromisión del Estado afectará el derecho de propiedad.Por ejemplo, la nueva ley establece que el valor del alquiler se ajustará anualmente por las variaciones mensuales del promedio entre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Con esto se imponen tres parámetros: 1) que no podrán hacerse ajustes con frecuencias menores a 12 meses, 2) que los contratos deberán establecerse en pesos y 3) que no podrán utilizarse...

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