Ley 22269

Emisor:Honorable Congreso de la Nacion
Fecha de la disposición:20 de Agosto de 1980
RESUMEN

SUSTITUYESE EL REGIMEN DE LA LEY N° 18.610 QUE REGULA LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS SOCIALES.

 
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OBRAS SOCIALES

Sustitúyese el régimen de la Ley N° 18.610 y sus modificatorias, que regulan la estructura y funcionamiento de las obras sociales.

Buenos Aires, 30 de julio de 1980.

Excelentísimo Señor

Presidente de la Nación:

TENEMOS el honor de elevar a la consideración del Primer Magistrado el adjunto proyecto de ley por el cual se sustituye el régimen de la Ley N° 18.610 y sus modificatorias, que regulan la estructura y funcionamiento de las obras sociales.

Dentro del sistema argentino de seguridad social, las obras sociales constituyen entidades de singular trascendencia, pues a través de ellas los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, así como sus respectivos grupos familiares, reciben prestaciones médico-asistenciales y otras de carácter social.

La Ley N° 18.610 estructuró un régimen de obras sociales organizadas por actividades laborales, con formas de conducción heterogéneas y una financiación mínima mediante aportes y contribuciones a cargo de los beneficiarios y de los empleadores. De acuerdo con dicho régimen, existen hoy obras sociales estatales, públicas no estatales, mixtas y de naturaleza privada; y entre estas últimas, la casi totalidad pertenece a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial firmantes de los convenios colectivos de trabajo de cada actividad, si bien con la obligación de prestar servicios a todos los trabajadores del sector, estén o no afiliados a la respectiva entidad gremial.

Asimismo, la ley citada creó el Instituto Nacional de Obras Sociales, como organismo estatal cuyo fin es promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales, así como controlarlas en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros y contables.

Si bien se considera que el régimen de obras sociales constituye una respuesta adecuada a la necesidad de financiar, a través del sistema de seguridad social, el otorgamiento de servicios médico-asistenciales conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios, y otras prestaciones de carácter social, no es menos cierto que ello debe realizarse en el marco de una política nacional definida y estar a cargo de organismos que cuenten con formas de conducción y control adecuados y se hallen realmente en condiciones de atender las contingencias que puedan sufrir los beneficiarios.

La situación existente al momento de iniciarse el Proceso de Reorganización Nacional era, sin embargo, deficiente en cuanto al cumplimiento de tales requisitos. La falta de funcionamiento pleno del Instituto Nacional de Obras Sociales y la consiguiente carencia de controles eficaces, provocaron numerosas situaciones irregulares, traducidas en ausencia total o parcial de prestaciones, falta de adecuada cobertura de importantes sectores beneficiarios y derivación de fondos de las obras sociales hacia el financiamiento de actividades extrañas a sus fines.

Por otra parte, la inexistencia de una política nacional de salud, y la consecuente falta de normas precisas a las cuales debían ajustarse las obras sociales en sus prestaciones e inversiones, permitieron que cada una de ellas actuara en base a su propio criterio, sin tener en cuenta la coordinación que necesariamente debe existir entre las diversas obras sociales y entre éstas y los organismos públicos que también brindan prestaciones destinadas a la protección de la salud.

La atención de la salud resulta cada día más costosa, como consecuencia del incesante avance de la medicina en sus aspectos científicos y técnicos, y no es posible entonces multiplicar o desperdiciar esfuerzos o dejar de utilizar al máximo recursos humanos y materiales de gran valor. Del mismo modo, la creciente complejidad de los servicios médicos y la seriedad con que debe encararse su organización y financiamiento, obligan a asegurar en cada obra social una conducción adecuada, que no esté sujeta a contingencias ajenas al campo social.

Esta situación, someramente descripta y públicamente conocida, que en parte ha sido ya corregida es la que se ha tomado en cuenta y evaluado para fijar los principios de la reforma que se eleva a la consideración del Primer Magistrado.

Siguiendo los lineamientos de la Ley N° 18.610, el sistema comprende obligatoriamente a los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, a los jubilados y pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales, así como a sus respectivos grupos familiares. Pero atendiendo a principios básicos de la seguridad social, se prevé la posibilidad de la incorporación gradual de los trabajadores autónomos comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, y sus respectivos grupos familiares, en la medida que las características de cada actividad y el equilibrio del sistema lo permitan.

Sin perjuicio de todo ello, se dispone que las personas obligatoriamente comprendidas en el sistema, como también los autónomos cuando sean incorporados, podrán optar por no hacer uso de las prestaciones que les otorga el ente de obra social del que sean o les corresponda ser beneficiarios. A ese fin deberán presentar ante dicho ente un certificado expedido por una entidad de prestaciones médicas habilitada por el Instituto Nacional de Obras Sociales, en el que conste que se halla incorporado o afiliado a dicha entidad y que ésta otorga a él y a su grupo familiar primario las prestaciones médico-asistenciales definidas como básicas. Con la exhibición de ese certificado, el empleador retendrá al trabajador únicamente el diez por ciento (10 %) del aporte personal, el que ingresará al ente de obra social del cual fue o le hubiera correspondido ser beneficiario, juntamente con la totalidad de la contribución. Cuando los jubilados y pensionados optaren por retirarse del sistema, se les retendrá únicamente el diez por ciento (10 %) de los aportes previstos en los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley N° 19.032.

El proyecto regula además el procedimiento para que las entidades de prestaciones médicas a que se ha hecho referencia obtengan la habilitación por parte del Instituto Nacional de Obras Sociales.

El carácter obligatorio de la inclusión en el sistema previsto en la ley proyectada encuentra su fundamento no sólo en el principio de la solidaridad social, sino también en la circunstancia de que se trata en el caso de la prestación de un servicio esencial, como es el atinente a la salud. Por otra parte, mediante el sistema proyectado se cumple una función educativa, creándose conciencia de la necesidad de la preservación de la salud.

En materia de prestaciones, el proyecto da prioridad a las médico-asistenciales, para lo cual los entes de obra social deberán afectar como mínimo el ochenta por ciento (80 %) de sus ingresos brutos, pudiendo de acuerdo con su capacidad económico-financiera, brindar subsidios por fallecimiento y otras prestaciones de carácter social.

Consecuentemente, con esta política de protección de la salud, se dispone también que el noventa por ciento (90 %) de los recursos del Fondo de Redistribución deberá ser destinado por el Instituto Nacional de Obras Sociales a la prestación de servicios médicos.

El régimen de financiamiento que el proyecto contempla se fundamenta en aportes de los afiliados y contribuciones a cargo de los empleadores.

El proyecto establece que mantienen su vigencia los montos o porcentajes de los actuales aportes y contribuciones, que fueren mayores a los fijados en aquél, como también los recursos de distinta naturaleza a cargo de las mismas partes o de terceros.

No obstante, estatuye que se procurará una gradual uniformidad, de los aportes y contribuciones, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo podrá disponer la reducción de los que sean superiores, como también de los recursos de distinta naturaleza, siempre que la situación económico-financiera del sistema lo permita, hasta su total supresión en un plazo a fijar en la reglamentación.

Si bien el sesenta por ciento (60 %) de los ingresos de los entes de obra social en concepto de recursos de distinta naturaleza pasará a integrar el Fondo de Redistribución, el proyecto establece que ese porcentaje se incrementará gradualmente por el Poder Ejecutivo.

Las normas precedentemente comentadas responden a la finalidad de eliminar paulatinamente aportes mayores o recursos de distinta naturaleza, que a través del tiempo se han fijado en beneficio de determinados sectores, previéndose que hasta que ello sea factible, los recursos de distinta naturaleza se vuelquen al sistema, en forma gradual, a través del Fondo de Redistribución.

Una norma importante del proyecto es la que dispone que los recursos del sistema, así como el patrimonio de los entes de obra social, serán...

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