Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 6 de Noviembre de 2019, expediente I 75340

• Presidente: Kogan-de Lázzari-Negri-Soria-Genoud-Pettigiani-Torres
• Fecha de Resolución: 6 de Noviembre de 2019
• Emisor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., de L., N., S., G., P., T.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 75.340, "L., C.E. contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad decreto ley 9.020/78".

A N T E C E D E N T E S

La escribana C.E.L. por apoderada, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad solicitando que se declare la invalidez constitucional del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, en tanto establece como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales la edad de 75 años.

Aduce que el mentado precepto, que dispone una suerte de presunción de derecho de que quienes alcanzan la edad en cuestión se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta violatorio de derechos y garantías de raigambre constitucional, provincial y nacional, y derecho supranacional, como son los contenidos en los arts. 14, 16, 17, 28 y 33 de la C.itución nacional; 10, 11, 27 y 31 de la C.itución de la Provincia de Buenos Aires; de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 con carácter preventivo, toda vez que el día 18 de octubre de 2018 -al alcanzar la edad de 75 años- su situación se vería afectada porque sería pasible de ser incluida en la nómina de notarios alcanzados por la inhabilitación que prevé dicha norma y, en consecuencia, se dictaría la resolución que le impediría seguir ejerciendo su profesión de escribana (conforme surge de la copia del Documento Nacional de Identidad y de la partida de nacimiento que se adjuntan al presente).

Con base en estas consideraciones requiere el dictado de una medida de prohibición de innovar su situación.

En sustento de su pretensión, invoca lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Naciónin re"F., B.T. c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Gobierno)" de fecha 12 de noviembre de 2002; citó los Fallos: 245:429; 246:443; 252:186; 255:119; 307:746 y 319:3148, así como los precedentes de esta Suprema Corte en las causas B. 65.124, "Glaria", sentencia de 16-VI-2004; I. 3.185, "G., sentencia de 9-IV-2008; I. 3.598, "M., sentencia de 4-VI-2008 e I. 3.532, "D., sentencia de 1-X-2008.

Acompaña prueba documental y ofrece informativa.

Por resolución de fecha 4 de julio de 2018, el Tribunal hizo lugar a la tutela precautoria requerida, ordenando al señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de aplicar, con relación a la escribana L. lo dispuesto en el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78. Para así decidir, consideró que se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la invalidez constitucional del mentado precepto (in re"F., cit., que revocó la sent. de esta Corte de 16-II-2000), fallo que la accionante invocó al demandar y el peligro en la demora con la configuración efectiva de la inhabilidad profesional establecida por la disposición en crisis que, en el caso de la demandante, se concretaría al estar próxima a cumplir -en ese momento- los 75 años de edad (v. resol.; fs. 30/32 vta.).

Corrido el traslado de ley, el señor A. General de Gobierno se allana incondicionalmente a la demanda y en consecuencia solicita la eximición de las costas causídicas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.

Al contestar el traslado del allanamiento, la actora solicita que -sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial- se le impongan las costas a la demandada, teniendo en cuenta que esta es quien puede remover la legislación que la afecta, pudiendo evitar este tipo de procesos, máxime cuando desde el año 2002 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el precepto cuestionado en autos (v. fs. 44/45).

Oído el señor P. General (v. fs. 47/50) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

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