La Justicia suspendió los aumentos de tarifas de luz en todo el país

Pese a las buenas noticias que recibió de la Justicia la semana pasada, el Gobierno volvió a confirmar ayer que los aumentos de tarifas lanzados en la primera parte del año aún transitan por terreno pedregoso por las decisiones que se toman en los tribunales.

La jueza federal de primera instancia de San Martín, Martina Forns, les ordenó al Ministerio de Energía y a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que suspendan los aumentos de las tarifas de electricidad que aplicaron en febrero.

El freno al ajuste no fue ajeno a la política. Forns es uno de los miembros del Poder Judicial que firmaron la solicitada que se publicó el martes 11 de diciembre de 2012. Allí reclamaban "una justicia legítima", según su título, que le dio nombre a la agrupación homónima, afín al kirchnerismo.

La decisión de Forns respondió a una demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), una agrupación también simpatizante del gobierno anterior. Es la misma ONG que obtuvo un fallo a favor en La Plata para frenar el aumento del gas en todo el país, que hoy tendría una definición en la cámara de esa ciudad. Igual que en ese caso, es muy probable que la Corte Suprema tenga la última palabra respecto de la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas.

Aunque no opinó sobre decisiones futuras, Forns sostuvo que, en casos similares, aceptó apelaciones del Gobierno, pero con efecto devolutivo, por lo que el freno a los aumentos quedaría vigente. Luego, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó su decisión.

Mariano Lovelli, presidente del Cepis, explicó a LA NACION que su organización intervino apelando al interés colectivo y les dio soporte a otros demandantes. "El nudo central de la presentación es similar a la que hicimos por el gas en La Plata: la carencia de audiencias públicas previas", sostuvo.

Lovelli se identificó como militante kirchnerista, aunque explicó que la demanda fue movilizada por el bien común antes que por sus simpatías políticas. Y puso como ejemplo que su organización también inició reclamos en la Justicia contra la gobernación de Daniel Scioli el año pasado.

El fallo de ayer, de 14 páginas, abrió un entuerto jurídico y comercial según la mirada de la Casa Rosada. Se debe a que el Gobierno sólo tiene jurisdicción plena sobre el servicio eléctrico en las concesiones de Edenor y de Edesur, las dos principales distribuidoras del país, que atienden el servicio en...